Valencia, 21 de septiembre de 2007. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que el Gobierno central extiende las rigurosas inspecciones de trabajo en la vendimia sobre centenares de viticultores procedentes de los Serranos, Hoya de Buñol, la Ribera Alta, la Vall d’Albaida y La Costera.

La organización agraria lleva recibiendo desde el inicio de semana denuncias de asociados manifestando su malestar y nerviosismo por las interrupciones en las tareas de la vendimia que supone una inspección y la correspondiente citación en la ciudad de Valencia para confirmar el correcto cumplimiento de la legislación.

Los viticultores afectados son de Utiel-Requena, pero también hay de Cheste, Chiva y Godelleta, en la Hoya de Buñol; de Turís y Montserrat, en la Ribera Alta; de Fontanars, en la Vall d’Albaida; de Font de la Figuera y Moixent, en La Costera; y de Villar del Arzobispo, en los Serranos. En algunos de estos términos, es la primera vez que sufren este tipo de batidas de inspectores acompañados de la Guardia Civil.

La organización agraria critica que las últimas inspecciones además requieren documentación retroactiva, es decir, registros desde, en algunos casos, enero de 2007, cuando no se estaba vendimiando. Los inspectores además solicitan facturas inexistentes de familiares del propietario que colaboran sin ánimo de lucro.

Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, no comprende por qué “el Gobierno se mete con los agricultores de esta manera tan despótica, cuando sufrimos una grave crisis de rentabilidad del cultivo de la vid”. Aguado aseguró que “somos uno de los sectores económicos más afectados por esta caza de brujas”.

“Las inspecciones de trabajo efectuadas con moderación y aleatoriamente deben ser un instrumento eficaz de control, pero se están convirtiendo en una pesadilla para los viticultores”. Aguado exige “el mismo esfuerzo del Gobierno por ofrecer una seguridad en el campo y por controlar la inmigración ilegal”. De hecho, “si el Gobierno fuera tan eficaz como lo es con nosotros, las cosas cambiarían”, indicó Aguado, “pero se pone la venda en la entrada de inmigrantes ilegales”.