El gobierno chino ha elaborado un nuevo proyecto de ley en que el fija penas de cárcel de 3 años hasta cadena perpetua, para aquellos elaboradores de alimentos que comentan graves infracciones, produciendo alimentos por debajo de los estándares permitidos y resultando peligrosos para la salud humana. Otras penas que se podrían aplicar, según el grado de la infracción, serían multas, confiscación de los bienes o revocación de las licencia de actividad.

Además, la nueva ley prevé la introducción de un nuevo sistema que permita la trazabilidad de los alimentos y permita conocer cuando y donde se han producido. Para ello, los productos tendrían que llevar un código de identificación.

Con esta nueva ley, la administración china quiere responder a los escándalos ocasionados por productos chinos importados con estándares por debajo de los exigidos y recuperar la confianza del consumidor internacional.

El proyecto de ley está en debate público hasta el próximo 20 de mayo. Algunas empresas alimentarias ya se han quejado de que la nueva ley generaría un aumento de los costes de producción.