22 de octubre de 2008. UPA ha presentado en los últimos días las alegaciones al Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural 2007-2013 elaborado por la Junta de Castilla y León.

En primer lugar nuestra organización agraria quiere aclarar que la partida de 2.000 millones de euros que aparecen recogidos en el Plan, no va a suponer ninguna cantidad adicional a los presupuestos de la Consejería. En todo caso, tan sólo cubre el déficit de los fondos europeos que se han recortado de forma drástica en Castilla y León para los próximos años.

UPA considera primordial que la opinión pública conozca que en ningún momento el Plan Integral Agrario 2007/2013 a desarrollar por el Gobierno regional aporta fondos adicionales a los existentes en los últimos años en esta comunidad autónoma.

Por otro lado, y entre otras, una de las alegaciones presentadas por UPA ante la Consejería de Agricultura días atrás se resume en la deficiencia que encontramos en dicho Plan, a la hora de aplicar un sistema adecuado para hacer un seguimiento y evaluación de dicho programa. Esta carencia podría generar incertidumbre y desconfianza en la aplicación del mismo.

UPA aboga por la constitución de un Comité de Seguimiento integrado por representantes de la Administración y de todos los agentes sociales implicados que garantice el desarrollo del Plan.

Otra deficiencia que encontramos en el documento, y que se lo hemos hecho saber a la Consejería de Agricultura y Ganadería, es que echamos de menos un cronograma de actuaciones y medidas que se tienen programadas, así como una distribución de partidas presupuestarias a lo largo del periodo 2009/2013.

En UPA vemos conveniente que se distribuyan las actuaciones en el tiempo y se realice una distribución presupuestaria de los 2.000 millones de euros por ejercicios anuales para las mismas.

Nuestra organización tampoco comprende que en un apartado tan importante como el de la situación de los sectores agrícola, forestal e industria agroalimentaria, no se haga mención al número de explotaciones ganaderas en Castilla y León, dejando huérfano de contenido un aspecto tan prioritario para UPA como es el del tejido productivo en dicho sector.

Finalmente no entendemos que para un Plan de tanto calado en la región se utilicen datos basados en el año 2000 cuando estamos abordando la asignación de partidas de una actividad profesional correspondiente al periodo 2009/2013. Este hecho puede provocar que la Administración regional en algunos casos se deje guiar por conclusiones erróneas y que muy poco tienen que ver con la realidad actual.