Almería ,7 de noviembre de 2008. ASAJA lamenta que, finalmente y a pesar de la cantidad de enmiendas presentadas, la Comisión de Medio Ambiente, reunida en Estrasburgo, haya aprobado las recomendaciones planteadas por Los Verdes para la revisión de la Directiva 91/414/CEE sobre la autorización y comercialización en la UE de productos fitosanitarios con el voto en contra de 20 de los 65 eurodiputados presentes en la comisión, incluidos los representantes españoles, pero con 39 votos a favor y 6 abstenciones. ASAJA no entiende cómo con la cantidad de enmiendas e informes de base científica que claman contra esta reducción de fitosanitarios la Comisión haya hecho oídos sordos y haya secundado una propuesta totalmente perjudicial para la agricultura mediterránea y sin ningún criterio científico.

En opinión de ASAJA, esta propuesta tiene implícitas consecuencias sanitarias y económicas que no han sido tenidas en cuenta, ya que tal y como el sector viene reivindicando los fitosanitarios “son las medicinas de las plantas” por lo que la reducción de la utilización de estos redundaría en un incremento de las plagas y enfermedades que repercutirían en una reducción de la producción existente. Según nuestros estudios, avalados por instituciones publicas y privadas de reconocido prestigio internacional, el efecto sobre la producción europea sería de entre un 50 y 80 % de reducción, dependiendo de las distintas hipótesis que se barajan en las propuestas, con perdidas que podrían ir hasta los 6.170 millones de euros anuales y la desaparición de hasta 95 millones de jornales, especialmente en pequeñas explotaciones hortofrutícolas, invernaderos en su mayoría, pero también en cultivos de marcado carácter social, como pueden ser el olivar, los cítricos o el algodón.

Pero no sólo las organizaciones agrarias europeas como el Copa-Cogeca han rechazado este paso dado por la Comisión, sino que incluso un estudio realizado en una universidad holandesa establece que como consecuencia de esta normativa, podría incrementarse los costes de producción para los agricultores en más de un 50% haciendo inviables algunos cultivos, además de contribuir al aumento de la aparición de plagas y la población nematodos.

Es más, tampoco se ha tenido en cuenta la petición de un grupo de 160 científicos de varios países que se manifestaron en contra de la propuesta por el impacto que puede tener sobre la salud pública, especialmente en los países más pobres.

Tal y como señalan los estudios de ASAJA, la primera consecuencia que tendrá será sin duda el abandono de superficie agraria, la pérdida de producción final agraria y empleo en el medio rural, con afección especial a las pequeñas explotaciones de carácter intensivo, como los invernaderos y la hortofruticultura en general. Ejemplos: olivar, cítricos, tomate o algodón se verían afectados.

Además podrán observarse otra serie de efectos, no menos graves:

– Disminución de la competitividad debido a un incremento de costes en fitosanitarios de eficacia incierta;

– Incidencia negativa en la calidad;

– Riesgo de desabastecimiento del mercado de ciertos productos mediterráneos producidos en Europa;

– Rápido incremento de las resistencias de las plagas y enfermedades a las sustancias que queden autorizadas debido al limitado índice de materias activas que quedarán disponibles (en algunos casos será nulo);

– Además se podrán observar con más frecuencia situaciones de daños en cascada, como la expansión de plagas a cultivos colindantes;

– Otra consecuencia no deseable se producirá en el sector ganadero, que verá incrementados sus costes de alimentación provocados por una mayor escasez de cereales europeos (algo claramente esencial en los sistemas ganaderos del Arco Mediterráneo) ;

– Mayor indefensión de la agricultura mediterránea frente a la importación de nuevas plagas y enfermedades procedentes de países terceros, como consecuencia de una imparable globalización (en cítricos cada 16-18 meses se detecta una nueva plaga o enfermedad en la UE).

En opinión de ASAJA ninguna de estas consecuencias ha sido tenida en cuenta suficientemente dentro de los estudios de impacto realizados por instancias comunitarias para la toma de decisiones sobre los fitosanitarios.

ASAJA recuerda que los agricultores españoles, al igual que en el resto de la UE, nunca hemos estado ni estaremos en contra de medidas razonables y acordes con la ciencia que incrementen la seguridad de la salud humana y el respeto del medioambiente, entre otras razones porque los primeros usuarios de las materias activas somos nosotros mismos con los riesgos que esto conlleva. Y, por otra parte, porque nuestra actividad está totalmente orientada a ofrecer productos de calidad al consumidor.

Pero no obstante, no podemos aceptar una incoherencia tal como que nuestros competidores de países terceros tengan libertad para utilizar materias activas prohibidas en la UE y comercializar sus productos agrarios impunemente en el mercado europeo.

Los cambios ahora introducidos no sólo elevarán a más del 90% los fitosanitarios que tendrán que ser retirados del mercado, sino que también obligarán a los Estados miembros a reducir el uso de los que queden en hasta un 50% en menos de cinco años.