Sr. D. José Pablo Ruiz Abellán
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Sr. Defensor del Pueblo:
Como a buen seguro conoce, el sector agrario de la Región de Murcia y el del conjunto de la cuenca del Segura, se encuentra sumido en una total incertidumbre, por no decir desesperanza, al conocer las distintas posiciones políticas que están surgiendo en el transcurso del debate en las Cortes del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, las cuales conducirían, de ser aprobadas, a la desaparición progresiva del Trasvase Tajo-Segura.
La dependencia de nuestra agricultura de regadío del referido Trasvase Tajo-Segura es, en los momentos presentes, absoluta, de tal manera que su desaparición conduciría a la quiebra inexorable de una actividad agrícola cuyo Valor Añadido es del orden de los 1.300 millones de euros -2.000 millones si se incluyen las industrias agroalimentarias-, generando un empleo de más 130.000 personas en la referida cuenca del Segura.
A esto, ha de sumarse la dependencia que también existe del Trasvase Tajo-Segura del abastecimiento urbano de dos millones y medio de ciudadanos y, por tanto, el conjunto del sector industrial y de servicios de él dependiente, todo ello referido al territorio de la Comunidad de Murcia y de las provincias de Alicante y Almería.
No debería de caber en cabeza alguna que esta realidad socioeconómica pudiera verse en peligro de desestabilización y destrucción porque en determinados territorios se quiera emplear la problemática del agua como argumento de política partidista, invadiendo para ello, como es el caso, competencias exclusivas del Estado, tales como son todas las derivadas de la planificación hidrológica y la gestión de las aguas de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias, como es el caso de las del Tajo y las del Segura.
Junto a este escrito, le hacemos entrega del documento elaborado por el prestigioso Catedrático de Derecho Administrativo, Antonio Fanlo Loras, realizado a petición del Sindicato Central de Regantes, pues en él se recogen con total precisión todos los aspectos a que hemos hecho referencia al contener las consideraciones jurídicas en relación con las enmiendas presentadas en el debate del Estatuto.
Por estas razones, las organizaciones profesionales agrarias de la Región de Murcia, ASAJA, COAG y UPA, solicitamos el amparo del Defensor del Pueblo y pedimos, además, que desde este organismo se puedan realizar todas las gestiones oportunas para evitar este agravio a los ciudadanos de Murcia, Alicante y Almería.
En Murcia, a 9 de marzo de 2009.
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