25 de marzo de 2009. La organización agraria ASAJA de Castilla y León ha exigido al Partido Popular la inminente retirada de la Proposición no de Ley relativa a la “adopción de medidas urgentes a favor del sector lácteo nacional” presentada el pasado mes de febrero y que está pendiente de su debate en la Comisión de Medio Ambiente Rural y Marino del Congreso de los Diputados.

La proposición del grupo parlamentario del PP en el Congreso pide, entre otras cuestiones, que la cuota láctea de la reserva nacional se reparta teniendo en cuenta un reciente informe de la Unión Europea, ya contestado en su día por gran parte del sector, en el que se apuntaba que las comarcas favorables para el sector lácteo en España eran las de la cornisa cantábrica.

“Es incomprensible y de una torpeza política sin precedentes, que un partido político de ámbito nacional proponga un reparto de cuota lechera que dejaría fuera la mayor parte del territorio y particularmente a Castilla y León que es la segunda comunidad autónoma en la producción de leche después de Galicia”, subraya ASAJA. Sin duda alguna en Castilla y León se encuentran hoy las ganaderías más eficientes en la producción de leche de España, y lo son por estar bien dimensionadas, por disponer de superficie agrícola, por la facilidad para el aprovisionamiento de piensos y forrajes, por la ubicación de las industrias lecheras, por las mejores comunicaciones, por la profesionalidad de los ganaderos y por las fuertes inversiones realizadas en genética y tecnología.

La torpeza de la dirección del Grupo Parlamentario del PP está sirviendo para que se desvíe la atención de las graves responsabilidades que está teniendo el Gobierno en materia de política láctea, que está arruinando a un sector que ya cobra la leche por debajo de los 30 céntimos de euro, un 36 por ciento menos que a primeros de 2008.

ASAJA está reivindicando la continuidad del sistema de cuotas lecheras; medidas eficaces –como había antes para la intervención y las restituciones a la exportación– que alivien los excedentes; identificar la leche de procedencia extranjera y exigirle los mismos parámetros de calidad que a la nacional; intervenir para evitar los abusivos altos costes de los piensos; exigir por ley la recogida de toda la leche que se produzca, y en definitiva adoptar políticas que permitan el mantenimiento de un sector necesario en la economía agroindustrial y en la vertebración del medio rural.