En las últimas semanas se ha conocido una propuesta de la Comisión de Agricultura de la Unión Europea para modificar la actual zonificación de las conocidas como “zonas desfavorecidas”, aquellas que bien por ser de montaña, tener dificultades especiales o estar despobladas, reciban la ayuda conocida como “indemnización compensatoria”. La idea de Bruselas es revisar uno de esos tres criterios, concretamente el de despoblamiento, al que están acogidos 1.428 de los 2.163 municipios en Castilla y León. Del resto, 735 se consideran por estar en área de montaña, y los 2 restantes, por contar con dificultades especiales.
Es decir, de salir adelante la propuesta de la Comisión, quedarían fuera el 66 por ciento de los municipios que actualmente reciben esta calificación, importante no tanto por la ayuda en sí, que es muy exigua (va de los 300 euros en zonas de regadío a cerca de 1.000 en el resto), como por que siendo zona desfavorecida las explotaciones tienen prioridad a la hora de solicitar otro tipo de ayudas o se incrementa el porcentaje subvencionado en líneas tan esenciales como la de primera instalación o los planes de mejora.
Es pues fundamental la aportación que en estos cambios puede hacer el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, quien tiene que remitir en los próximos meses sus propuestas sobre el nuevo sistema de clasificación. Al eliminarse el criterio de despoblamiento, parece ser que se introducirían otros de tipo “físico-climático” o similar. Considerando las evidentes dificultades del medio rural de la Comunidad Autónoma, ASAJA considera que el Ministerio debería ser lo más ambicioso posible y solicitar que se incluyeran como zona desfavorecida todos los municipios (no capitales de provincia) de Castilla y León. Eso supondría sumar 83 más a la lista actual, llegando en total a 2.246. Además, puesto que se están redefiniendo estas líneas, ASAJA reclama una vez más que se dé un tratamiento de apoyo especial a las áreas de montaña, que aún tienen más dificultades para desarrollarse y conservar su población.
Paralelamente, la organización profesional agraria pide a la Consejería de Agricultura y Ganadería que haga valer estos argumentos en sus reivindicaciones en Madrid, porque estamos hablando de un tema de justicia para un territorio en el que los niveles de renta y de prestaciones están muy por debajo de la media nacional.
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