La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que la orden ARM/1312/2009 del Ministerio de Medio Rural publicada en el BOE de 27 de mayo, que regula los sistemas del control de agua, impone nuevas y farragosas exigencias a los agricultores, de difícil y costoso cumplimiento. En dicha orden se obliga a los titulares de pozos de riego a situar los contadores lo más cerca posible del punto de captación de agua además de a cumplimentar un nuevo y complejo libro de control anual así como partes de consumo cada mes.

Concretamente, la orden detalla en un anexo de doce páginas hasta ocho complicados formatos de libros de control en los que se exige a los agricultores cuestiones tan gratuitas como dibujar un “croquis sencillo de la toma que permita saber cómo funciona el aprovechamiento, de dónde saca el agua y con qué sistema (canal, tubo y bomba, pozo, manantial,…)”. Para los pozos con caudales de entre cuatro y cien litros por segundo -que son la mayoría- se exige ahora que en el libro de control conste el día y mes de la anotación, los metros cúbicos e incluso la identidad de quien comprueba la lectura, cuestiones que evidentemente tendría que responsabilizarse la Administración. Además, el documento llega al extremo de exigir que el agricultor no cometa tachaduras ni raspaduras en los asientos o que los datos se conserven al menos cuatro años.

“Nosotros no nos oponemos a que se controle el agua que gastamos pero esta orden, que ya está en vigor pese a que no se ha consultado ni informado al sector, nos mete en un estado policial y burocrático, que camina en sentido contrario a la simplificación de todos los procesos administrativos que viene defendiendo la UE desde hace años” afirma Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, quien añade que son “los políticos quienes deben propiciar una regulación clara y sencilla y los funcionarios los que deberían encargarse de las tareas de gestión. El agricultor está para cultivar, cuidar sus campos y cosechas, pero no para que se pase la jornada con burocracia, asumiendo la labor que corresponde a los empleados públicos”.

AVA-ASAJA entiende que esta regulación es más inoportuna si cabe por que se produce a los pocos meses de haber eliminado las tarifas especiales de riego y porque llega en un momento muy delicado para el bolsillo del agricultor. La norma vuelve a incrementar los ya de por sí cuantiosos gastos de gestión de la comunidades de regantes, que en muchas ocasiones no tienen ni personal ni medios materiales suficientes. “Es normal que se lleve un control anual del uso el agua, pero no lo es que se nos exija uno mensual, incluso nos parece absurdo que tengamos que medir cuestiones como la altura del agua (piezometría) o registrar en un documento la identidad de la persona que lo haga”, advierte Aguado quien concluye que la cumplimentación del libro de control debería de ser una tarea asumida por la Administración “a la que pagamos religiosamente nuestros impuestos”.