AVA-ASAJA tilda de “abuso injustificable” la orden que obliga a todas las casas a tener interruptor de potencia

AVA-ASAJA denuncia el “abuso” y la “clara con­­­­­­cesión recaudatoria a las eléctricas” que supondrá la aplicación de la orden que obliga a to­­­­­das las viviendas a instalar antes del 1 de enero de 2010 los llamados ICP (los in­te­rrup­to­res que saltan y cortan el suministro cuando los aparatos enchufados superan la potencia ins­­­­talada). El conflicto está surgiendo en infinidad de ‘casas de pueblo’, con instalaciones eléc­­­­tricas antiguas cuyo BIE (Boletín de Instalación Eléctrica) no permite contratar la poten­cia requerida y que tendrían que afron­tar por ello costosas reparaciones. En caso de no mon­tarse el citado ICP en el plazo da­do, los pre­cios por ‘potencia contratada’ se dispararían entre un 600% y un 1.200%. “Es lamentable que, sin mejorar el servicio ni el bienestar de los ciu­dadanos y sólo para satisfacer el afán de negocio de las eléctricas, el Gobierno nos com­plique la vida de esta manera”, advierte el presidente de esta or­ganización agraria, Cristóbal Aguado.

Las eléctricas están remitiendo cartas a los usuarios advir­tién­­doles de que instalen di­cho dispositivo. Si no se atiende el primer requerimiento, a los 20 días tales empresas envían una segunda misiva advirtiendo que –si transcurridos otros 20 días natu­rales no se ha procedido a su colocación- modificarán unilateralmente la factu­ra­­ción. Los usuarios que pudieran verse en tal situación verían elevada la facturación de la potencia a 20 Kw, con independencia de que tuvieran contratada una potencia menor. Así, un consumidor que tu­vie­ra, porque no ne­ce­si­tara más, 3 Kw de potencia, pasaría de pagar 4,96 euros/mes a 29,7 euros (un 600% más) y alguien que tuviera 5,5 Kw asumiría esta misma cantidad por lo que antes sólo le costaba 9,09 euros/mes (+326%). “El Gobierno, con la excusa de averiguar las necesi­da­des rea­les de potencia, está provocando gastos desor­bitados a multitud de agri­cul­to­res con casas vie­jas que no necesitan instalarse más potencia. La contratación debía aten­der a la necesidades de los consumos medios reales, no aplicar los máximos para así facturar más”, denuncia Aguado.

Efectivamente, en la inmensa mayoría de los casos, la potencia instalada en estos ho­gares se sitúa entre 3 y 5 Kw y para garantizar el perfecto funcionamiento de todos los electro­­do­­mésticos en casi ningún caso se requeriría de más de 10 Kw.