El Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 10 de diciembre de 2009, ha fallado a favor de SOS Corporación Alimentaria en su recurso de casación contra la sentencia que dictó la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en enero de 2008, anulando y dejando sin efecto la multa de dos millones de euros impuesta por el Tribunal de Defensa de la Competencia en junio de 2007.
En el acuerdo del Tribunal de Defensa de la Competencia, ahora anulado, se imponía dicha multa a SOS al considerar que había incurrido en una práctica prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia, consistente en un
presunto acuerdo con determinadas empresas de Distribución para el establecimiento de un precio mínimo de venta al público de sus marcas Carbonell 0,4º y Koipesol.
Frente a dicho acuerdo SOS interpuso un recurso contencioso administrativo por la vía ordinaria y otro por la vía de protección de los derechos fundamentales, éste último basado en la sistemática denegación por el Servicio de Defensa de la Competencia y el propio Tribunal de Defensa de la Competencia de determinadas pruebas solicitadas por SOS, esenciales para su defensa. Ambos recursos fueron desestimados por la Audiencia Nacional, interponiendo SOS sendos recursos de casación.
En el presente fallo, por el que se resuelve el recurso de casación seguido por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, el Tribunal Supremo considera, en contra de lo afirmado por la Audiencia Nacional, que las pruebas denegadas resultaban decisivas en términos de defensa para SOS por su potencial valor exculpante y que, siendo dichas pruebas pertinentes, SOS ha demostrado que la resolución final del proceso podría haberle sido favorable de haberse aceptado y practicado las pruebas objeto de controversia.
En consecuencia, el Tribunal Supremo considera que se ha vulnerado el derecho fundamental a la prueba de SOS, por lo que resuelve casar y anular la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia
Nacional, así como anular y dejar sin efecto, por contrario a Derecho, el acuerdo del Tribunal de Defensa de la Competencia que impuso la multa de dos millones de euros.
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