Hasta la fecha la Justicia no ha hecho sino dar la ra­­­zón a las tesis defendidas desde un primer momento por AVA-ASAJA, que siempre advirtió que no cabía imputar delito alguno a quienes plantaron o injertaron Nadorcott antes de su registro. Cosa que, en primera instancia y tal como informó esta organización sucedió en octubre de 2004 pero que a efectos jurídicos se ha ampliado finalmente al 15 de febrero de 2006. Lo único que la Justicia aún no ha di­lu­­cidado es cuál debe ser la ‘in­dem­­ni­­­za­ción ra­zo­nable’ que se podría reclamar a quienes han venido cultivando la mandarina an­­tes de tal fecha. Efectivamente, desde comienzos de 2009 se suce­den las sen­tencias que confirman el fracaso de la campaña que por la vía pe­nal em­prendió Geslive pri­­­me­ro y el Club de Variedades Vegetales Protegidas (CVVP), más tarde. La or­ga­nización agra­ria de­nun­cia cómo en los últimos meses el nuevo gestor de esta mandarina –el CVVP- ha abierto un nuevo frente en dos direcciones: con acciones civiles con­tra quienes fracasó en lo pe­nal en las que se reclaman indemnizaciones que están lejos de ser ‘razonables’ y con nue­vas amenazas a aquellos citricultores que se dirigieron al Club para lograr una licencia de explotación y a los que ahora les exige arrancar sus huer­tos.

“Primero amenazaron con penas de cárcel y tras fracasar en ello, lejos de pedir dis­cul­­­pas ahora se aprovechan de la falta de precedentes para pedir indemnizaciones abu­si­vas”, ad­­­vierte el presidente de esta organización, Cristóbal Aguado. Es el caso, por ejem­­­­plo, de una explotación con 4.500 árboles plantada antes de la fecha indicada y por la que el CVVP reclama a su propietario más de 350.000 euros. En la demanda se desglosa es­ta pre­ten­sión económica arguyendo –a juicio de AVA-ASAJA- con­­­­cep­tos tan peregrinos co­mo el beneficio económico obtenido por el supuesto ‘infractor’ (la venta de la cosecha) o por el “da­ño moral causado por el desprestigio” de la variedad. A es­te respecto, la or­ga­ni­za­ción reitera que –se­gún la regulación comunitaria en la materia- el ti­tular de la protección só­lo po­drá actuar contra la fruta (la cosecha) si proviene de material ve­­getal no autorizado. Da­do que, hasta el citado 15 de febrero de 2006, no se confirmó el registro de la variedad, el titular del cítrico no tendría ningún derecho sobre las plantaciones an­te­riores a tal fe­cha.

Por otra parte, AVA-ASAJA viene atendiendo un aluvión de consultas de citricultores que plantaron la variedad antes de la citada fecha clave y que por propia ini­ciativa y con la mejor intención, con­tac­taron con el Club para tratar de ‘regularizar’ sus explotaciones. Tales productores as­pi­­ra­ban a ob­te­­ner una licencia de explotación y estaban dispuestos a hacer un dispendio im­por­tante, no ya los 7 euros por planta que hace unos años se reclamaban por la licencia si­no los 20 euros por árbol o incluso más con los que hasta no hace mucho se ac­­cedía a dar ta­les per­mi­sos. Le­­jos de con­seguir tal co­sa, el CVVP ha usado la infor­ma­ción iden­­tificativa dada vo­lun­ta­ria­men­te para dirigirse a ellos y reclamarles, so amenaza de ac­­cio­nes le­ga­les, que eliminen sus árboles. AVA-ASAJA recomienda a quienes se en­cuen­tren en es­­­ta situa­ción que no en­tre­­guen documentación alguna y que, en ca­so de ha­cerlo y recibir una co­­mu­ni­ca­ción posterior del Club, se asesoren convenientemente antes de acceder a arran­­car, para lo cual pone a dis­posición de sus asociados su servicio ju­­rídico. Las conse­cuen­­cias de acceder a las pre­ten­siones del CVVP podrían ser ne­fastas: si se eli­mi­nan los ár­boles de Nadorcott no se po­drían hacer las periciales pa­ra de­ter­mi­­nar su an­ti­güe­dad y su con­­­secuente situación ju­rídica, con lo que se abriría la puer­ta al Club para que reclamase mucho más de lo que en derecho le co­rrespondería, una ‘indemnización razonable’.