La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, presidió ayer la reunión de la Comisión Interministerial para el Medio Rural, órgano de colaboración en el ámbito de la Administración General del Estado que coordina la actuación de los 16 Departamentos ministeriales implicados en la puesta en marcha de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

La Comisión ha revisado y conformado el contenido del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, instrumento marco para la aplicación de la citada Ley, revisando las actuaciones propuestas por los diferentes Ministerios, y cuya redacción definitiva está previsto que concluya en este mes de abril, para su aprobación por Real Decreto en Consejo de Ministros.

El Programa se encuentra en la recta final para su aprobación, tras el periodo de información pública y consultas y la evaluación ambiental a los que se ha sometido. En este proceso, el Programa fue ya informado unánimemente de forma favorable por la Mesa de Asociaciones del Medio Rural, órgano de participación de diferentes sectores y colectivos implicados, en su reunión del pasado día 31 de marzo.

En la reunión se ha tratado el proceso de información y participación y las alegaciones recibidas para su inclusión en la versión resultante del Programa. De esta forma, se han analizado todas las alegaciones, tanto las referidas a zonificación, que han sido informadas por las Comunidades Autónomas, como las referidas a las medidas, por parte de los Ministerios implicados.

Esto ha supuesto que de las ciento seis medidas incluidas en el Programa, cincuenta y tres sean propias de la Administración General del Estado que se incorporarán al Programa según cinco ejes estratégicos de acción; como son la actividad económica y el empleo, las infraestructuras y los equipamientos básicos, los servicios y el bienestar social, el medio ambiente y la cooperación, la innovación y la igualdad. Estas líneas plasman las actuaciones que desde la Administración General del Estado se incorporan al programa y el compromiso gubernamental para su ejecución. De los dieciséis ministerios que forman parte de la Comisión, el Programa incluye actuaciones propuestas por diez departamentos, destacando el MARM con quince propuestas, seguido del Ministerio de Trabajo e Inmigración con once propuestas; el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con nueve; Igualdad y Cultura con cuatro cada uno; Sanidad y Política Social y Fomento, con tres propuestas; Interior con dos propuestas; y finalmente, los Ministerios de Economía y Hacienda, y Vivienda, con una propuesta cada uno.

Estas medidas de competencia estatal se realizarán con cargo a los propios presupuestos de los distintos departamentos ministeriales en las zonas rurales incluidas en el Programa, bien porque en el Plan de Zona de cada zona rural se refleje la necesidad de ejecutar dicha acción, o bien por la aplicación de un vector de ruralidad que priorice territorialmente la ejecución de estas actuaciones en las zonas rurales incluidas en el Programa.

En la reunión también se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la participación de todas las administraciones públicas y, por supuesto, de todos los agentes del medio rural de los tres ámbitos de la sostenibilidad, económico, social y ambiental, en la puesta en marcha del Programa y en la toma de decisiones para la elaboración y posterior aplicación de los Planes de Zona en las zonas rurales del PDRS.

En este sentido, al igual que a nivel estatal se ha creado esta Comisión Interministerial para el Medio Rural como órgano coordinador entre los distintos ministerios para la aplicación de la Ley 45/2007, las comunidades autónomas deberán crear un órgano de coordinación institucional operativa entre las distintas Consejerías, que además sea el encargado de elaborar los Planes de Zona Rural para cada zona rural delimitada, calificada e incluida en el Programa, así como de la puesta en marcha de un programa de participación pública para la elaboración, ejecución y seguimiento de cada Plan de Zona.

El Programa se configura como el instrumento fundamental para la aplicación de la Ley para el Desarrollo Rural Sostenible y una apuesta muy importante de cara al futuro de las políticas territoriales para el medio rural, para lo que la Administración General del Estado va a hacer un esfuerzo financiero, adicional y complementario, en los tiempos de la actual coyuntura económica de crisis.