Desde hace varios años se ha acrecentado, cuantitativa y cualitativamente, la comisión de hurtos y robos en el medio rural en todo el territorio español, pero en los últimos meses la situación está alcanzando una intensidad y una gravedad hasta ahora desconocidas. La gran alarma social que esto está provocando entre los habitantes de las zonas rurales y el quebranto económico, en algunos casos irreversible, que ocasiona en las explotaciones agrícolas y ganaderas, hacen necesario el endurecimiento de las sanciones contempladas en el Código Penal tanto para el ladrón como para el comprador de los efectos robados.

De las tradicionales sustracciones de productos agrícolas y de cosechas se ha pasado a prácticas delictivas consistentes en asaltar fincas cercadas, casas de campo, masías y cortijos y apoderarse de cables de cobre, tuberías y motores de riego, transformadores, equipos halógenos, maquinaria agrícola de toda índole –pesada y no pesada-, gasóleo y todo tipo de enseres que se hallan en las explotaciones agropecuarias. Incluso se ha llegado a poner en peligro la integridad física de agricultores y ganaderos, pues estamos ya en presencia no sólo de robos con fuerza en las cosas, sino también con intimidación sobre las personas.

Además de los importantes perjuicios económicos que tales conductas suponen, ya que en muchos casos imposibilitan el desarrollo normal de las labores agrícolas habituales, se está generando una enorme sensación de inseguridad e indefensión en el campo.

Desde ASAJA consideramos necesario un endurecimiento del régimen punitivo establecido en el Código Penal respecto de estas sustracciones efectuadas en el campo. Se perdió una gran ocasión para hacerlo el pasado mes de junio, cuando se aprobó la última reforma del Código Penal, donde ASAJA planteó la posibilidad de considerar como delito de hurto las sustracciones de productos o bienes en explotaciones agrícolas o ganaderas, cuando el valor de los mismos exceda de 100 euros en lugar de 400, como sucede actualmente. La sanción al delincuente como autor de una simple falta de hurto es, a todas luces, insuficiente, sobre todo si tenemos en cuenta que, dado el bajo precio de los productos agrarios, para superar los 400 euros la apropiación ha de ser muy cuantiosa.

Ahora bien, resulta absolutamente necesaria la adopción urgente de otras medidas para combatir la escalada de hurtos y robos en el campo, como una mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las zonas rurales afectadas, con planes específicos de investigación y prevención de este tipo de delitos. Así mismo, es especialmente necesario un mayor control administrativo y policial de quienes compran los objetos o efectos sustraídos, incidiendo en la persecución penal de estos sujetos y empresas, que cometen el delito de receptación. En definitiva, si se roban productos de las explotaciones agropecuarias, es porque hay alguien que los compra.