La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) rechaza enérgicamente la reducción del 26% planteada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el sector de los frutos secos. Este recorte perjudicaría gravemente la rentabilidad de las más 430.000 hectáreas que existen en nuestro país y sentaría un precedente preocupante.

En los PGE 2011, la partida destinada al Programa de mejora de frutos de cáscara y algarrobas (complemento estatal de la ayuda comunitaria a la superficie), se sitúa en 12 millones de €, mientras que en 2010 se presupuestó en 16,3 y en 2009 en 17,3 mill€. Es decir, se reduce el presupuesto en un 26,4% respecto a 2010 y en un 30,6% respecto a 2009.

De ejecutarse este presupuesto, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) rompería el compromiso adquirido con el sector en 2004 para garantizar una ayuda estatal que complementara los fondos comunitarios y autonómicos y ofrecer así un importe global de 241,50 euros/hectárea. Además, el Ministerio también se comprometía a conceder un complemento a los agricultores profesionales titulares de explotaciones de frutos secos.

COAG lamenta que el MARM haya elegido recortar esta partida, recorte que implica un ahorro inapreciable para el PGE global y, sin embargo, conlleva consecuencias negativas graves para un sector que atraviesa actualmente una grave crisis de precios: desde 2005, el precio de la almendra en cáscara se ha reducido en un 58% y el de la avellana negreta ha caído un 56%. Asimismo, los representantes del sector consideran que este gesto sienta un precedente peligroso y hace pensar que la intención del Ministerio podría ser eliminar la ayuda estatal complementaria en el momento en el que los frutos de cáscara pasen a formar parte del pago único (2012).

COAG reclama al MARM el mantenimiento de los términos actuales de la ayuda estatal y autonómica vinculada a la superficie y priorizando los agricultores profesionales y recuerda que el marco normativo comunitario permite que así sea, una vez acabe el periodo transitorio previo al desacoplamiento. La demanda se justifica, no sólo por su impacto sobre los beneficiarios y el compromiso adquirido por el Gobierno, sino por su escaso coste presupuestario y por el efecto positivo de este sector desde el punto de vista social y medioambiental.