El Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos presentó ayer su prometida propuesta de reglamento para mejorar la situación del sector lácteo. Como ya avanzó el Comisario antes del verano, se trata de una propuesta de normativa pero no de una propuesta presupuestaria, es decir, que no incluye ningún tipo de ayuda financiera, pero que busca clarificar las relaciones entre ganaderos e industrias en la compra-venta de leche cruda.
La propuesta regula los contratos entre ganaderos y compradores. Propone que sean escritos, se concluyan antes de la entrega de la leche y tengan carácter voluntario, si bien, recoge la posibilidad de que los Estados Miembro que así lo decidieran, podrían instaurarlos como obligatorios. Además, si en el caso de que el ganadero no entregara directamente a la industria, sino que entre ambos hubiera uno o varios recogedores intermedios, que además de transportar la leche se hicieran cargo de la propiedad de la misma, el estado miembro podría decidir si entre cada uno de estos pasos debería existir un contrato.
Las cooperativas, teniendo en cuenta su naturaleza específica, no se verían obligadas a celebrar contratos si sus estatutos incluyeran elementos con efectos similares.
Otra cuestión importante que recoge la propuesta es que el contrato, debería incluir, además de los aspectos habituales de duración y volumen entregado, el precio base. Este podría ser fijo o variable. En el caso de que fuera variable podría cambiar en función de criterios como la cantidad, calidad y composición, así como de indicadores de la evolución del mercado.
Otro aspecto que incluye la propuesta es que las organizaciones de productores podrían negociar contratos de venta de leche cruda, tanto si fueran como si no, propietarias de la leche y tanto si se negociara como si no, un precio conjunto para toda la leche. No obstante, se tendrían que cumplir ciertas restricciones de volumen. El volumen negociado por una organización de productores no podría superar el 3,5% de la producción total comunitaria ni el 33% de la producción total nacional del estado miembro cubierto por la negociación ni el 33% de la producción nacional combinada total de todos los estados miembro cubiertos por la negociación.
Asimismo, la propuesta enumera las funciones que podrían llevar a cabo la interprofesiones lácteas, siendo algunas de las cuales, definir modelos de contratos y mejorar la transparencia del mercado mediante la publicación de datos estadísticos de precios, volúmenes y duraciones de contratos que hayan concluido, así como analizar la futura evolución del mercado.
La propuesta también incluye la obligación de que las empresas transformadoras comuniquen la cantidad de leche que le es entregada, a fin de contar con una información más periódica sobre los volúmenes de leche cruda entregados y facilitar el mejor conocimiento de la producción y de la evolución del mercado.
Se propone que estas medidas permanezcan en vigor hasta 2020, con revisiones en 2014 y 2018. Según la Comisión, este calendario debería ser suficiente para que los productores de leche se adapten a la desaparición de las cuotas lácteas y mejoren su organización en un entorno más orientado al mercado.
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