El Pleno del Congreso aprobó ayer la Ley de Protección del Medio Marino con la que se pretende abordar aspectos de protección del medio marino no regulados hasta ahora en la legislación española y planificar de forma integrada las políticas en el medio marino, además de incorporar la Directiva marco de la UE sobre esta materia.

Aunque existían en la legislación española un cierto número de disposiciones sectoriales relacionadas con el medio marino derivadas de convenios internacionales, hasta el momento se carecía de un marco normativo uniforme y completo que pudiera garantizar la articulación de las actividades humanas en el mar de manera que no se comprometiera la conservación del medio marino, de acuerdo con el enfoque ecosistémico.

Con esta Ley se establece por primera vez un marco jurídico para lograr un buen estado del medio marino y su protección y preservación, así como la recuperación de ecosistemas marinos y la prevención y eliminación de la contaminación del medio marino en el contexto de una política marítima integrada.

Los elementos clave que conforman esta Ley de Protección del Medio Marino son tres: las Estrategias Marinas como instrumento de planificación; la creación de la Red de Áreas Marinas Protegidas y la incorporación de criterios ambientales en los usos del medio marino.

España delimitará una serie de Demarcaciones Marinas en las que se llevarán a cabo actuaciones específicas en función de Estrategias Marinas determinadas para cada una de ellas. En este sentido, las Estrategias Marinas tienen por objetivo garantizar que la presión conjunta de las actividades que se realicen en el medio marino se mantenga en niveles compatibles con la consecución del buen estado medio ambiental. Las Estrategias incluirán la evaluación de las aguas marinas, la definición de su buen estado ambiental, la fijación de objetivos ambientales y la adopción de un programa para alcanzar dicho estado y su seguimiento.

Los distintos usos del mar deberán desarrollarse teniendo en cuenta la Estrategia Marina de cada Demarcación. En la determinación de las medidas se tendrá en cuenta su impacto económico y social y se analizará su rentabilidad, incluido un análisis de costes y beneficios.

Una de las claves para el éxito en la aplicación de esta nueva Ley es que se introduce la obligación de que las políticas sectoriales que se lleven a cabo o puedan afectar al medio marino deberán ser compatibles y adaptarse a los objetivos de las estrategias marinas. Esto implica la participación activa y la colaboración de todas las Administraciones que desarrollan actividades en el medio marino, arbitrándose además canales para la participación de organizaciones, colectivos y ciudadanía en general en los procesos de elaboración de dichas estrategias.

El ámbito de aplicación de la Ley se circunscribe al medio marino en el que España ejerce la soberanía o jurisdicción, a la Zona de Protección Pesquera del Mediterráneo y a las aguas costeras cuando la legislación de aguas no es suficiente.