El juzgado de Lérida condena al arrendatario de la caza a dos años de prisión como autor de un delito continuado por uso de cebos envenenados, así como a la inhabilitación para el ejercicio de la caza por tres años. Además, la mujer que lo acompañaba mientras colocaba los cebos envenenados ha sido condenada a un año de prisión, como cómplice del delito. Asimismo tendrán que pagar una indemnización a los propietarios de los tres perros que murieron por la acción del veneno y deberán asumir las costas del juicio. El tercer acusado que no se presentó en el juzgado se encuentra en averiguación de domicilio.

Estos tres acusados fueron descubiertos el 25 de junio de 2006, momento en que uno de ellos, el arrendatario de la caza, colocaba cebos envenenados, mientras los otros dos le acompañaban. La muerte por envenenamiento de varios perros domésticos en la zona permitió poner sobre la pista del delito a los Agentes Rurales del grupo de investigación en furtivismo y venenos de la Generalitat y sorprender a los culpables cometiendo el delito.

La utilización de cebos envenenados, como sistema de eliminación de predadores, es un método masivo e indiscriminado -y por ello doblemente peligroso- perseguido por la ley. Los cebos afectan a numerosas especies en peligro como buitres negros, quebrantahuesos, águilas reales y otras grandes águilas, además de milanos, alimoches y todo tipo de carnívoros.

El área de caza donde ocurrieron los hechos forma parte de una de zona especial protección para las aves (ZEPA) denominada “Granyena”, con presencia de importantes especies protegidas catalogadas, potencialmente afectadas por el veneno, como por ejemplo el milano real, lo que incrementa la gravedad de los hechos.

El servicio de medio ambiente de Lérida suspendió la caza en este coto por dos años, para favorecer a las especies cinegéticas, como el conejo o la perdiz, que son la base de la supervivencia de la comunidad de carnívoros y carroñeros potencialmente afectados por el veneno. Así mismo, la BVCF está personada en otros dos casos de envenenamiento en los juzgados de Tarragona e Igualada.

WWF y BVCF recuerdan que esta es la décima condena conseguida en Lérida por venenos desde 2003, con 16 personas condenadas y el undécimo coto que se cierra por esta causa en esta Comunidad Autónoma. Todo ello hubiera sido imposible sin el trabajo especializado de los Agentes Rurales de Lérida, que debe servir de modelo en toda Cataluña, pero también en el resto de España, ya que sólo con un trabajo especializado es posible prevenir estos delitos, pero sobre todo perseguir a los infractores y ponerlos a disposición judicial.

Las dos organizaciones esperan que esta sentencia sirva para erradicar definitivamente el uso de cebos envenenados en esta comarca y urgen a otras comunidades autónomas a crear patrullas especializadas para perseguir este gravísimo delito contra la fauna.