Ayer se presentó en la sede del Institut d’Estudis Catalans (IEC), en Barcelona, el informe del proyecto «El valor oculto de la actividad agropecuaria en Cataluña. Caracterización de impactos y funciones territoriales del sector agropecuario y cálculo de externalidades”, impulsado por la Fundación del Mundo Rural, que analiza y cuantifica el valor económico de las funciones ambientales y sociales del sector primario catalán.

El informe ha cuantificado en 7.485 millones de euros el valor económico de las funciones ambientales y sociales del sector agroganadero y forestal catalán. Esto equivale a un 3,75% del Producto Interior Bruto (PIB) catalán, por encima del valor de mercado que tiene la actividad económica directa e indirecta derivada de la producción agroganadera y forestal en Cataluña, situada en unos 5.495 millones de euros y que supone el 2,75% del PIB (desglosado entre el 0,9% de la actividad agropecuaria y 1,85% de la agroindustria).

El documento analiza las externalidades (efecto que no tiene asignado un precio de mercado) del sector, tanto aquellas que son positivas como las que son negativas. Las primeras están vinculadas a la conservación del patrimonio natural y el fomento de la biodiversidad, principalmente, pero también a la mitigación del cambio climático o la contención de los incendios forestales, y se valoran en 8.241 millones de euros. En cuanto a las negativas, cuantificadas en 756 millones de euros, están referidas principalmente a la sobreexplotación y contaminación de acuíferos.

El informe parte de la base de que «no incluir los costes y beneficios de las externalidades no deja de ser un autoengaño, ya que sus efectos económicos son claramente presentes. Alguien tiene que acabar haciendo cargo de estas externalidades no asumidas «, se indica en las conclusiones. Para los investigadores, estos efectos se pueden manifestar desde la administración (acciones como saneamientos, repoblación de bosques o descontaminación) o desde las propias empresas agrarias, las cuales deben hacer frente a inversiones complementarias en su actividad (como encarecimiento de los procesos productivos o del transporte, etc). Muchas veces también se traduce en la asunción social de nuevos costes actuales y futuros como la contaminación, nuevos riesgos y restricciones, o la pérdida de biodiversidad.

El informe plantea 10 directrices estratégicas y 35 propuestas de actuación, con la intención de abrir un proceso para este nuevo modelo. Se plantea mecanismos de compensación y promoción de estas actividades para que tengan continuidad y aseguren los beneficios sociales que conllevan. Por ello, se propone que se impulse líneas de trabajo para mejorar la producción y la productividad, orientar el sector agrario hacia nuevos canales y fórmulas de distribución y comercialización, así como nuevos segmentos de mercado que aporten más valor añadido. También recomienda que se priorice las políticas adecuadas para minimizar las externalidades negativas como las derivadas de malas prácticas.

Los tres subsectores considerados en el informe-forestal, agrícola y ganadero-presentan peculiaridades específicas que hacen que haya abordado de forma diferente la valoración de sus externalidades. Respecto a la actividad forestal, implica la gestión del 40% del territorio catalán y ejerce múltiples funciones socioambientales, pero sufre una grave crisis de rentabilidad en el mercado. El sector agrícola ocupa más de un 30% del territorio y es un creador activo y secular del paisaje. Sin embargo, vive una situación socioeconómica difícil que pone de manifiesto la necesidad de explorar nuevas opciones para asegurar su competitividad. En cambio, el sector que más peso económico tiene en la producción final agraria, el ganadero, que permite a muchas explotaciones salir adelante, es a la vez, lo que implica una parte más significativa de los impactos negativos cuando es gestionado en régimen intensivo.