El Secretario General de Medio Rural, Eduardo Tamarit, se reunió ayer con las organizaciones profesionales agrarias (OPAS), las organizaciones de mujeres rurales, las de defensa ambiental, los sindicatos y las redes de desarrollo rural, para revisar el estado de la propuesta de norma reguladora de contratos territoriales de explotación.
La figura del contrato territorial está recogida en la ley para el desarrollo sostenible del medio rural como el “instrumento que establece el conjunto de compromisos a suscribir entre las Administraciones Públicas y los titulares de las explotaciones agrarias que orienten e incentiven su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible del medio rural”.
Los contratos territoriales están concebidos como un instrumento jurídico adicional para el apoyo y reconocimiento de las políticas rurales, con la intención de primar y apoyar esa contribución al desarrollo sostenible desde un enfoque de cohesión territorial y, siempre, desde la base de la libre voluntariedad de las partes. En particular permitirán la incorporación en los planes de zona de medidas asociadas a la actividad agraria con base territorial.
En la reunión de ayer, y tras repasar el texto, se han incorporado en ronda de debate nuevas sugerencias, y se ha dado por concluida la fase de concertación técnica. En relación con las modificaciones incorporadas, y aprovechando las sugerencias recibidas, se ha realizado también una revisión general del texto para precisar mejor su alcance.
Posteriormente, se ha procedido al estudio de un calendario de tramitación administrativa del Real Decreto de contratos territoriales, concebido para reconocer la existencia del flujo de servicios ambientales y sociales no cuantificados ni visualizados, que producen los gestores del territorio rural derivados del hecho intrínseco de la presencia de su actividad tradicional sobre el medio rural.
Una vez culminada esta fase de elaboración técnica el Ministerio tiene previsto iniciar el proceso de consultas formales y tramitación administrativa al objeto de su aprobación posterior por el Consejo de Ministros.
En 2009 se constituyó un Grupo de trabajo específico encargado de elaborar el marco reglamentario de puesta en marcha del contrato territorial. El grupo ha estado coordinado desde la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y ha tenido una muy amplia participación y presencia, elaborando a lo largo de este tipo varios borradores y propuestas de norma reguladora de la figura del Contrato Territorial de explotación.
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