Al amparo del Derecho de Petición Ciudadano regulado en el art. 2 y art. 194 del Tratado de la Unión Europea, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) registró ayer en el Parlamento Europeo la petición formal en la que se solicita a la UE la suspensión de la aplicación del actual Acuerdo de Asociación UE-Marruecos en vigor en tanto en cuanto no se adopten las medidas y acciones pertinentes para evitar las vulneraciones de los derechos de los ciudadanos europeos [1].

La petición ha sido compartida con varios europarlamentarios, entre los que se encuentra el Vicepresidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Willy Meyer, así como otros Parlamentarios europeos como Oriol Junqueras, miembro también de la Comisión de Peticiones, y José Bové, Vicepresidente de la Comisión de Agricultura y ponente de informe del Parlamento Europeo sobre la propuesta de renovación del acuerdo que COAG ha pedido suspender en el día de hoy.

COAG considera necesaria e inmediata la intervención de la Unión Europea para la defensa y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos comunitarios que se ven vulnerados. La petición se fundamenta principalmente en tres aspectos. Por un lado, se estima que se está produciendo una clara vulneración y un perjuicio de los derechos de los ciudadanos comunitarios como consumidores, en lo que concierne a la veracidad de la información contenida en el etiquetado de los productos, en particular respecto a la procedencia de los mismos, lo que también supone una competencia desleal respecto a los agricultores españoles. “Por ejemplo, la legislación europea de frutas y hortalizas establece que los productos del sector destinados a ser vendidos frescos al consumidor solo podrán comercializarse si en ellos figura la indicación del país de origen. Ahora bien, la capacidad del consumidor europeo para discernir si un producto etiquetado como originario de Marruecos procede de este Reino, o bien procede del Territorio no autónomo del Sahara Occidental, se encuentra limitada y sus derechos, en este sentido, vulnerados”, ha concretado Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG y encargado de registrar la petición formalmente.

COAG también puntualiza en su argumentación jurídica que las producciones procedentes del extranjero que no cumplen con las exigentes normativas europeas en materia laboral, ambiental, etc…, lo que produce un desequilibrio evidente en el mercado europeo y una competencia desleal para los productores agrarios comunitarios, ya que las importaciones no juegan con las mismas condiciones de legalidad y lealtad que todos los agentes del mercado.

Por otro lado, COAG afirma que la Unión Europea no puede avalar Acuerdos de Asociación en los que una de las partes firmantes está vulnerando constantemente la legalidad y las obligaciones internacionales. “Consideramos que el Reino de Marruecos está realizando un uso o apropiación indebida de productos del territorio Saharaui. Marruecos está administrando de facto este territorio para sus propios intereses, y sin tener en consideración las obligaciones internacionales impuestas por Naciones Unidas referente a los intereses, deseos o beneficios de la población saharaui”, ha señalado Góngora.