Ayer lunes 23 de mayo se ha publicado la Orden AYG/628/2011de la Junta de Castilla y León por la que se regulan para este año las ayudas al cese anticipado en la actividad agraria, una convocatoria que tiene como finalidad el rejuvenecimiento del sector al tener que pasar la explotación, la persona que cesa, a un joven que se incorpora o a otra persona ya incorporada de menos de 50 años. El plazo para tramitar estas solicitudes es de un mes y se espera que se presenten unos 400 expedientes de toda la región de los cuales habitualmente son de la provincia de León entorno al 40 por ciento. La mayoría de los expedientes se tramitan en ASAJA y otras organizaciones agrarias y en menor medida en las gestorías o directamente en la ventanilla de la administración.
Los importes de esta jubilación anticipada, son bajos, para nada equiparables a otros sectores que se reestructuran. Así, se percibe una pensión con cargo a los presupuestos de Agricultura que es de 9.026 euros al año en 12 pagas si se tiene cónyuge a cargo, de 8.350 si no se tiene cónyuge a cargo y de 12.350 si cotizaban ambos cónyuges. Además, según los casos, se pueden percibir hasta 3.000 euros por explotación y 500 euros más si junto con el cese se incorpora un joven mediante una primera instalación. En todos los casos las personas que se jubilan tienen que seguir cotizando, por su cuenta, a la Seguridad Social como autónomos hasta la edad de jubilación legal.
Esta línea de ayuda, que en esta convocatoria se reduce en 2 millones de euros, es una de las más importantes para incidir en la modernización, redimensionamiento y rejuvenecimiento del sector agroganadero leonés, al permitir una salida digna para explotaciones poco viables en manos de titulares de edad avanzada. Aunque la edad mínima para poder acogerse a estos fondos son los 55 años, si las peticiones superan el presupuesto se prioriza en los solicitantes de edad más próxima a los 65 años. La mayor demanda de solicitudes se focaliza en las zonas de montaña y los regadíos tradicionales donde la rentabilidad de las explotaciones, por su menor tamaño y las dificultades inherentes al territorio, es menor. En la provincia se han acogido a esta medida, desde su puesta en marcha hace 17 años, más de dos mil quinientas explotaciones.
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