Según estudios recientes, la naturaleza multifacética de la crisis alimentaria y la tendencia al alza en el precio de los alimentos en los últimos años podrían indicar una relativa escasez, a corto plazo, de los productos de primer consumo. Además, tanto la diversidad en los costes que se produce de un país a otro, así como la subida de los precios detectada entre 2007 y 2008, están repercutiendo de manera distinta en cada estado de la Unión Europea. En los países en desarrollo, por ejemplo, el fenómeno ha generado más de una inquietud, puesto que el coste de los alimentos representa una proporción relativamente elevada de los gastos totales de los consumidores.

Sin embargo, los mercados siguen indicando una volatilidad mucho más acentuada a nivel del productor que a nivel del consumidor, por lo que el debate sobre el alcance y las responsabilidades de la crisis alimentaria está poniendo en duda la actual política europea. A fin de buscar medidas eficaces para responder a cambios que pueden trascender, no tan sólo la economía, sino también los hábitos alimentarios de la población, un consorcio de 13 socios europeos acaba de poner en marcha el proyecto TRANSFOP, acrónimo de “Transparency of food pricing” (Transparencia de los precios de los alimentos).

Acogido al Séptimo Programa Marco (7PM) de la Unión Europea y con un presupuesto de 1 millón de euros, el objetivo general es obtener un mayor conocimiento sobre los agentes que determinan la fijación de precios y la transmisión de los cambios en los mismos a lo largo de la cadena alimentaria europea. El punto de partida de la investigación es el estudio de las variaciones que sufren los precios durante las etapas intermedias y de venta al por menor en la cadena de producción del sector agroalimentario, además del efecto en el ajuste de los precios de los alimentos en los diferentes países comunitarios.

El consorcio TRANSFOP cuenta, entre otros, con la participación de investigadores del Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario (CREDA), fundación privada creada por la UPC y el IRTA.

“Utilizando metodologías diferentes, pero complementarias, y analizando los sectores productivos de distintos países europeos, nuestra misión es la de identificar los factores que determinan los procesos de transmisión de precios en la cadena de producción agrícola”, declara Jose María Gil, director del CREDA y coordinador del grupo de trabajo que, en el marco del consorcio TRANSFOP, se dedicará al estudio de este sector. “A partir de la comparación entre las diferentes regulaciones, estructuras comerciales y estrategias empresariales de cada país, esperamos definir unas pautas que puedan ayudar a tomar medidas políticas adecuadas para favorecer la competitividad del sistema agroalimentario europeo, con especial atención a las PYMES”.

A lo largo de los tres años de duración del proyecto, los investigadores interactuarán con los protagonistas de cada eslabón de la cadena productiva, con el objetivo de elaborar conjuntamente un posible Plan de Acción que “permita mejorar la transparencia de los precios de los alimentos en cada país de la comunidad europea”, concluye el director del CREDA.