ASAJA-Jaén estuvo ayer presente en la reunión con el Gobierno de España para entregarle 75.000 firmas con las que solicitan el almacenamiento privado del aceite de oliva. Bajo el colchón de las rúbricas, así como el de las facturas que demuestran que se está vendiendo por debajo de los precios que desencadenan la medida, la organización espera que hoy en Bruselas al fin se active el mecanismo.

ASAJA-Jaén, organización que más olivareros agrupa de todo el país, ha estado presente esta mañana en la reunión con el Ministerio (en la que han participado el resto de OPAs y las cooperativas) para preparar el encuentro que tendrá lugar mañana en Bruselas con el comisario Ciolos y cuyo único objetivo es solicitar la activación inmediata del almacenamiento privado. Las organizaciones han entregado al ministerio 75.000 firmas de agricultores que solicitan la medida, única forma de retener la caída de los precios a corto plazo.

Cristóbal Gallego, jefe de los Servicios Técnicos de ASAJA-Jaén, que ha acudido ayera la reunión como representante de la organización provincial y junto a miembros de ASAJA Nacional, ha explicado que también se han mostrado a los responsables ministeriales facturas que corroboran que incluso se está vendiendo aceite a precios más bajos que los que marcan índices de medida como el sistema Poolred. “El aceite está saliendo de las cooperativas a precios irrisorios y los agricultores no pueden soportar más seguir vendiendo a pérdidas”, apunta Gallego. “Todo esto teniendo en cuenta que los precios establecidos para el desencadenamiento del almacenamiento privado no son reales. Han quedado obsoletas porque se fijaron en el año 1998”, añade.

Gallego confía en que mañana finalmente, la UE oiga las necesidades de los olivareros españoles, y de gran parte de la Unión, y active el sistema de almacenamiento de aceite, un modo de urgencia para evitar la caída en picado de los precios y, con ella, la ruina del cultivo del olivar.

Explica que en la reunión con el Ministerio se han tratado, además, otras medidas para mantener la rentabilidad del cultivo a medio y largo plazo, como son la legislación que controle la calidad y el mercado, la modernización de las explotaciones o la concentración de la oferta.