ASAJA-Jaén exige a las Administraciones nacional y andaluza que, de una vez se atengan a los tribunales y aclaren la situación sobre la gestión de las aguas del Guadalquivir. Tras la anulación por parte del Tribunal Constitucional del artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía (por la que se dejaba sin efecto el traspaso de competencias sobre la Cuenca) ahora el Tribunal Supremo declara nulo el Decreto del 17 de Octubre de 2008, por el que se traspasan las funciones y servicios del Estado a la Junta en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas del Guadalquivir que transcurren íntegramente en territorio andaluz. Esto significa que la Junta debe devolver ahora todos los recursos humanos (funcionarios) y materiales (edificios, oficinas…) al Estado. Ante la situación de desconcierto, que roza la alegalidad, ASAJA-Jaén pide una solución definitiva, que no es otra sino que el Estado vuelva a hacerse cargo de las aguas del Guadalquivir, tal y como debería haber sido siempre.

El Tribunal Supremo declara nulo el Decreto 1666/2008, del 17 de octubre de 2008, por el que se hacía efectivo el traspaso del Estado a la Junta de bienes humanos y materiales, así como la titularidad de los embalses, con el fin de que el Gobierno Autonómico administrase las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que pasen exclusivamente por territorio andaluz. Con este fallo, la Junta de Andalucía pierde la potestad sobre las funciones y servicios que se traspasaron desde el Estado hasta la Administración andaluza y que, en teoría, tendrá que devolver en dos meses. Se trata de un nuevo varapalo al traspaso de competencia sobre las aguas del Guadalquivir que ya tuvo su primer encontronazo con la justicia el pasado mes de marzo, cuando el Tribunal Constitucional anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía Andaluz, por el que se dejaba sin efecto dicho traspaso de consecuencias.

Ante la situación de alegalidad en la que se encuentra la gestión de las aguas y teniendo en cuenta el empeño de la Junta de Andalucía de aferrarse a dicha gestión gracias a un encomienda pactada con el Estado, ASAJA-Jaén pide a la Administración andaluza que “sea sensata” y que renuncie de una vez a gestionar el Guadalquivir. “Ya advertimos de que el agua debía de ser un asunto de Estado y ahora la justicia nos vuelve a dar la razón” apunta Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA-Jaén. “La encomienda de gestión firmada entre la ministra del ramo y el consejero no tiene validez, por lo que no es de recibo que se siga invirtiendo tiempo y dinero en una gestión que no sirve para nada”, añade Valero. “El administrado se encuentra en situación de desamparo ante actividades tan habituales para el profesional del campo como son la solicitud de riegos”, aclara el gerente.

ASAJA-Jaén recuerda que pone a disposición de todos los regantes de la provincia sus servicios jurídicos para reclamar al Gobierno de la Junta de Andalucía los cánones de agua cobrados por la Agencia Andaluza del Agua, así como para exigir que deje sin efecto las sanciones interpuestas por el organismo, al no tener competencias sobre ello. Si no lo hace de oficio, será la organización la que se lo reclame, “incluso a través de los tribunales”. Por otra parte, la organización recuerda que, con los fallos del Supermo y del Constitucional, también queda “coja” la Ley de Aguas, sobre todo en lo que afecta a provincias como Jaén, a las que baña casi en exclusiva el río Guadalquivir.