El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, advirtió hoy que la reciente decisión del Ejecutivo de dar “luz verde” a la reforma de la Ley de Aguas para que las competencias en el control y vigilancia del Dominio Público Hidráulico (DPH) pasen a manos de las comunidades autónomas es anticonstitucional e invade las competencias del Estado.
De esta forma, sale al paso del Real Decreto Ley aprobado hace apenas una semana por el cual se reforma el apartado 2 del artículo 94 de La Ley de Aguas, permitiendo la cesión a las comunidades de Andalucía, Aragón y Cataluña de las funciones de la policía de Aguas, tal y como reclamaban en sus reformas estatutarias.
Según el artículo 149.1.22 de la Constitución Española (CE), el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una Comunidad Autónoma.
En opinión de Fenacore, con este decreto el Ejecutivo está duplicando competencias y cometiendo un nuevo «ataque» al principio de unidad de cuenca, como ya hizo al traspasar las funciones legislativas y de ejecución sobre el Guadalquivir a Andalucía; atribuciones que fueron declaradas nulas por atentar directamente contra la Carta Magna.
Según la Fedración, a poco más de un mes para que finalice la encomienda transitoria que el Gobierno otorgó a la Junta de Andalucía para la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Constitucional anulando su potestad sobre el río, todo parece indicar que ambos trabajan a «marchas forzadas» para encontrar el modelo adecuado que permita a esta región recuperar el control de la cuenca.
Sin embargo, el presidente de los regantes españoles confía en que cualquier resolución o «argucia jurídica» que pretenda vaciar las competencias del Estado en materia de política hidrológica se encuentre con el freno de los tribunales y acaben por declararlas igualmente inconstitucional en beneficio último de todos los usuarios.
De hecho, Del Campo recuerda que esta resolución no cuenta siquiera con un informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua -tal y como exige la ley- ni ha pasado el proceso parlamentario para su consenso, lo que obligará a los regantes a realizar las gestiones políticas oportunas para que se actúe de acuerdo a la legislación vigente.
Reforzar las competencias del Estado
Por otro lado, los regantes afirman que esta cesión vuelve a sentar un mal precedente para el resto de comunidades autónomas y vaticina que será «cuestión de tiempo» que comiencen a reclamar las competencias que el Ejecutivo les está «poniendo en bandeja». Lo que hace falta es que el Ministerio de Medio Ambiente lidere la política hidráulica de España velando por los intereses generales y manteniendo el principio de la unidad de gestión por cuencas y no «troceándolo» permanentemente.
Con el objeto de poner fin a la titularidad exclusiva sobre los ríos que «arbitrariamente» vienen atribuyéndose en estos últimos años las comunidades autónomas por el mero hecho de transcurrir por sus territorios, los regantes insisten en la necesidad de poner en marcha un Pacto Nacional que refuerce las competencias del Estado en materia de aguas, impidiendo que se realice una gestión localista de este recurso.
Según Andrés del Campo, «el agua debe seguir siendo un bien común, distribuida de un modo equitativo entre todos los habitantes de cada país y no propiedad de los que la tengan más cerca. Esto se consigue con una independencia política en su gestión y realizada a nivel de cuenca o demarcación hidrográfica. Sólo así conseguiremos que la distribución del agua responda a criterios técnicos y no políticos, evitando cualquier tipo de conflictividad social».
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