LA UNIÓ de Llauradors cuestiona la modificación de la Ley 3/1993 Forestal que pretende la Generalitat para permitir el cambio de uso de suelos forestales que hayan sufrido un incendio.

LA UNIÓ considera que es importante mantener el patrimonio natural de la Comunitat Valenciana, del que son garantes en buena parte los agricultores y ganaderos, y que por tanto se debe paralizar la modificación de la Ley de Montes autonómica que prevé autorizar la construcción en suelos afectados por incendios forestales antes del preceptivo transcurso del plazo de treinta años.

Ramón Mampel, secretario general de LA UNIÓ, señala que “si finalmente se aprueba el cambio es como introducir una cerilla en un polvorín. Los especuladores urbanísticos podrían empezar a provocar incendios en aquellos bosques donde les interese económicamente construir, lo que supone en definitiva que todo nuestro bosque sea potencialmente construible”. Si se consuma este cambio en la Ley de Montes valenciana se produciría, a juicio de LA UNIÓ de Llauradors, “un grave precedente en la desprotección de los suelos forestales valencianos” e insta a la sociedad “a no permitirlo por el bien de las generaciones futuras”. LA UNIÓ pide una reflexión seria sobre la planificación de nuestra comunidad autónoma y el hecho de querer construir en suelos incendiados o la situación de diferentes obras públicas en zonas rurales, pueden ser un elemento importante para especular allí o aumentar el riesgo. Ante esta situación, LA UNIÓ solicita a la Administración políticas decididas y activas para mantener a los agricultores y ganaderos en el territorio, ya que son los que mejor conservan el entorno.

La modificación propuesta por la Conselleria de Infraestructuras y Territorio entraría además en colisión con la normativa estatal de la Ley de Montes que prohíbe acertadamente ese cambio de uso para los terrenos forestales incendiados durante 30 años.

LA UNIÓ señala que una parte importante de la superficie forestal en la Comunidad Valenciana está formada por fincas rústicas, es decir, de explotaciones con actividad agraria, ganadera y forestal y gestionadas por profesionales del sector. La correlación de las tres actividades es una garantía para la prevención de incendios, puesto que son zonas gestionadas y vigiladas durante todo el año.

En este sentido LA UNIÓ dice que es necesario reconocer el papel de los agricultores y ganaderos durante todo el año por salvaguardar su patrimonio y el patrimonio natural de nuestro territorio rural. Por esto, es necesario que se articulen políticas de apoyo al sector agrario en las zonas rurales en función al servicio social que desarrollan para la correcta gestión del territorio.