LA UNIÓ de Llauradors ha presentado alegaciones al proyecto de extracción minera de turbas, en fase ahora de información pública de la solicitud de licencia de autorización ambiental integrada y declaración de interés comunitario, que se pretende construir entre los términos municipales de Cabanes y Torreblanca (Plana Alta), dentro del parque natural del Prat. La mina tendría una extensión de 4,5 x 1,5 km2, de los cuales la mitad aproximadamente afectarían a terrenos de cultivo (marjal, cítricos y hortalizas).

Muchos de los afectados se quejan de que hasta la fecha nadie les había comunicado que su explotación agrícola se encontraba desde el año 1964 dentro de la concesión minera San Enrique 1989, promovida por “Herederos de Enrique Climent Mingol C.B”. Dichas parcelas, de titularidad privada, no han cedido derecho alguno sobre las mismas ni han sido objeto de ocupación o expropiación en legal forma, por lo que consideran que no pueden incluirse las mismas en un coto o concesión minera del que son ajenas sin ni siquiera solicitar permiso, traslado de dicha inclusión al propietario de la parcela, ni emitir comunicado ni notificación alguna de la afección.

Este tipo de explotaciones produce a juicio de LA UNIÓ graves afecciones medioambientales como alteraciones de los usos del suelo y de la masa vegetal del terreno al que afecta la explotación y producen también una alteración de los drenajes naturales de las aguas superficiales y subterráneas. Los movimientos de tierras afectan además de forma incuestionable a la estabilidad del terreno y constituyen normalmente el inicio de procesos de erosión, sedimentación y en algunos casos incluso de inundación que obviamente pueden afectar a las fincas limítrofes.

Otro punto muy importante a tener en cuenta es la salinización de los acuíferos existentes por la intrusión marina que producirá la rotura de sellos impermeables del terreno que actualmente frenan las aguas marinas, lo que conllevaría la modificación del límite de la zona marítimo/costera con el consiguiente perjuicio para propietarios y municipios. LA UNIÓ insta a que se solicite un informe a la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la contaminación y los problemas de salinización de los acuíferos que producen dichas extracciones.

LA UNIÓ señala que parece probable la alteración del equilibrio orgánico del suelo como consecuencia del deterioro de la vegetación y la evidente producción de contaminación atmosférica por polvo y partículas en suspensión, debida a la extracción del mineral, la circulación de maquinaria y vehículos y a las operaciones de movimiento, carga y descarga de los materiales extraídos y los de deshecho. Indicar también que se circula por vías pecuarias y caminos rurales con vehículos que superan las 25 toneladas, destruyendo pavimentación de los mismos afectando a circuitos cerrados de aguas de riego de comunidades de regantes.

LA UNIÓ solicita en las alegaciones de los agricultores a los que representa que se oponen a la ocupación de sus parcelas y a su inclusión en la concesión minera, así como que rechazan la concesión de la autorización ambiental integrada y que se informe en su día desfavorablemente a la misma o se acuerde su denegación. También reclama que se informe desde el Ayuntamiento de Cabanes -como ha hecho el de Torreblanca- a los propietarios que se encuentran dentro de la concesión minera tal circunstancia (sólo lo ha hecho con los colindantes), ya que no se les ha remitido información alguna sobre la Autorización Ambiental Integrada ni sobre la concesión minera que afecta a sus propiedades a fin de que puedan ejercer su derecho a presentación de alegaciones.