La Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha firmado, el pasado 20 de abril, la Orden que autoriza a los letrados de los servicios jurídicos de la Comunidad de Castilla y León a personarse en este proceso. El Gobierno regional entiende, tal y como recoge la Orden suscrita por la Consejera, que la propia Ley Concursal (en el artículo 184.4 de la Ley 22/2003) establece la posibilidad de personarse al Gobierno Regional. “La ley contiene varias referencias a intereses legítimos distintos del de los acreedores, como el mantenimiento del tejido empresarial o del empleo o la especial trascendencia de ciertas empresas para la economía de determinadas zonas”, explica la Orden firmada por la Consejera.

La Consejería de Agricultura y Ganadería considera que esta decisión del juzgado pondría en peligro la viabilidad de la empresa a medio plazo lo que conllevaría importantes perjuicios para la industria agroalimentaria, el empleo de la Comunidad y para los propios intereses de la administración regional.

La Consejería de Agricultura y Ganadería tras sucesivas reuniones con el Comité de Emprea y con los administradores concursales, celebradas el 14 de diciembre del 2011 y el 17 de enero del 2012, estudió como arbitrar una solución a la paralización de la actividad de la empresa y autorizó, a través del Instituto Tecnológico Agrario, una ayuda de 4,5 millones de euros consistente en un préstamo.

Este préstamo estaba supeditado a la aportación de otros 4,5 millones de euros por parte de cinco entidades financieras (Banca Cívica, Banco Popular, Caja España-Duero, Natixis y Rabobank) para totalizar los 9 millones de euros de circulante necesarios para asegurar la actividad normal de la empresa.

Esta ayuda del Gobierno Regional ha sido imprescindible para que la empresa retomara su actividad a principios de año, después de haber estado parada varios meses por falta de recursos económicos, para adquirir materias primas y pagar los gastos de funcionamiento de la fábrica. El juez reconoce este hecho en el auto dictado el 17 de febrero de 2012 y refiere exactamente: “Ha sido dicha ayuda de salvamento la que ha permitido conjurar el riesgo de colapso de la actividad empresarial de SEDA SOLUBLES”.

La denegación de la venta de la unidad productiva de SEDA SOLUBLES por el juez repercutiría en el normal funcionamiento de la factoría y generaría una desatención de los actuales clientes que es la razón fundamental de su actividad.

Con esta decisión judicial de no proceder a la venta de la unidad productiva, tal y como han solicitado los administradores concursales, existe un peligro real de cese efectivo de la actividad productiva, lo que podría repercutir en la conservación de los 315 puestos de trabajo directos de esta empresa en sus centros de Palencia, Villamuriel de Cerrato y Madrid.

SEDA SOLUBLES

SEDA SOLUBLES, S.L., es uno de los principales productores de café del mundo. Se sitúa en la tercera posición en el ranking de las 60 principales empresas del sector de España y posee una facturación superior a los 80 millones de euros.

La empresa, que dedica cerca del 80% de su negocio a la exportación, opera en cinco continentes y tiene una fuerte posición competitiva en Europa, concretamente en España, Francia, Portugal y Rusia.

Además, ha firmado alianzas para combinar la inversión y el desarrollo de negocio de café instantáneo en determinados territorios, los más importantes son los firmados con Mother Parkers para cubrir el mercado de América del Norte y con Café Iguaçu en Reino Unido.

En las instalaciones de Palencia se ubica un complejo industrial con plantas de fabricación de café soluble, liofilizados y descafeinado. Por su parte, en las instalaciones de Villamuriel de Cerrato se encuentran las plantas de envasado y logística.