La carta ha sido remitida por UPA, Amigos de la Tierra, WWF España, Greenpeace España, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, CC.OO., UGT, COAG, y por el Consejo de Consumidores y Usuarios, que han mostrado su “sorpresa e indignación” tanto por el calado del alcance de determinadas medidas aprobadas, como sobre todo por el procedimiento utilizado, obviando cualquier tipo de consulta previa a las organizaciones sociales, económicas y medioambientales representativas de nuestra sociedad.
El Real Decreto-ley supone la modificación de algunas de las principales Leyes en materia de medio ambiente de nuestro ámbito normativo. Consideramos que modificar las leyes de Aguas, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de Residuos y Suelos Contaminados y la del Mercado de Valores (en lo relativo a las subastas de derechos de emisión) y hubiese requerido un conocimiento previo de sus borradores y proyectos y su correspondiente análisis y debate con los interlocutores sociales, económicos y medioambientales en el seno del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).
Pocas veces desde la constitución del CAMA en el año 1994 se había producido una situación de marginación de este órgano consultivo de tal calado. Se ha ignorado totalmente la principal función del CAMA, la cual según se recoge en el Real Decreto 2355/2004 reside en emitir informe sobre los anteproyectos de ley y proyectos de real decreto con incidencia ambiental.
La justificación de una “extraordinaria y urgente necesidad”, que se menciona en el citado Real Decreto-ley, para aprobar de este modo las modificaciones de las leyes correspondientes no es más que una excusa para evitar un análisis y debate bajo los principios de transparencia y participación que han regido hasta el momento en el seno del CAMA.
Ante esta situación las organizaciones ecologistas, sindicales, agrarias y de consumidores le han reclamado al ministro, presidente del CAMA, una reunión urgente del pleno de dicho órgano de participación en la cual se aborde el contenido del Real Decreto-ley 17/2012.
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