La organización agraria ASAJA de Castilla y León ve con preocupación la posible decisión del Gobierno de subir de forma selectiva el IVA de productos y servicios siguiendo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea. ASAJA considera que una subida en el IVA de los alimentos provocará un menor consumo y por tanto una caída en los precios de un mercado que ya de por sí está congestionado, pero además la gran distribución tratará de no trasladar toda la subida al consumidor presionando más si cabe sobre el productor en la cadena de valor de los alimentos, bajando así los precios en origen.

Dado que la mayoría de los agricultores y ganaderos de Castilla y León están en el Régimen Especial Agrario del IVA, es decir, no hacen balance con Hacienda sino que repercuten en las ventas agrarias el 10 por ciento y en las ventas ganaderas el 8,5% para hacer una compensación teórica del IVA soportado en las compras de los medios de producción y las inversiones, esta hipotética subida del IVA puede provocar un nuevo desequilibrio fiscal y un coste más para el sector primario. El sector está pagando el 8% de IVA en la compra de medicamentos veterinarios, semillas, piensos y productos fitosanitarios, y animales de reposición, entre otros, por lo que una subida al IVA general del 18% supondría un encarecimiento de la factura que no se compensaría con la venta de lo producido en la explotación.

ASAJA quiere recordar al Gobierno que el sector agrario viene reclamando desde hace años la subida del IVA compensatorio en la ganadería, actualmente en el 8,5 por ciento, para situarlo en los mismos niveles que el de la agricultura, que es del 10 por ciento. Por esta vía, una explotación ganadera de tamaño medio pierde al año, en el balance de IVA, en torno a los 2.000 euros. ASAJA considera que no hay razón económica alguna para que agricultores y ganaderos repercutan importes de IVA distintos en la venta de sus producciones.

Otras medidas que están en agenda económica de la política del Gobierno, como el “céntimo verde” en los carburantes o el “recargo sobre el impuesto de la electricidad”, supondrían un coste más para agricultores y ganaderos que son grandes consumidores de estas energías y que en modo alguno pueden repercutir los incrementos de los costes en la venta de sus productos.