Ecologistas en Acción ha enviado al Ministerio Medio Ambiente una carta en la que reclama su intervención, como organismo competente en materia de agua, para conseguir la suspensión de permisos de investigación para el empleo de la fractura hidráulica. Esta técnica para la extracción de gases no convencionales pondría en riesgo los acuíferos.

De acuerdo a la información recogida por Ecologistas en Acción, el Ministerio de Industria y varias Comunidades Autónomas han concedido en los últimos meses decenas de permisos de investigación que podrían emplearse pronto para la fractura hidráulica o fracking. Esta técnica consiste en la creación de fracturas en sustratos rocosos del subsuelo para la extracción de gases no convencionales. En este proceso se inyectan toneladas de de agua a presión con compuestos químicos, de los que al menos una parte son altamente tóxicos. Sin embargo, no se conoce su composición completa, con el argumento del secreto industrial.

Una gran parte de esos permisos de investigación se ubican en áreas donde se sitúan acuíferos conocidos. Además, una buena parte de ellos son acuíferos carbonatados, que son especialmente frágiles a la contaminación química, al desplazarse agua a lo largo de los mismos de forma relativamente rápida, a través de grietas y fisuras.

En este sentido, si se llevan a cabo labores de fractura hidráulica en zonas donde existen acuíferos, y muy especialmente carbonatados, es previsible que se produzca una contaminación irreversible de los mismos, además con productos químicos altamente tóxicos.

Estas circunstancias concurren especialmente en el País Vasco, La Rioja y la provincia de Burgos. Son zonas calcáreas, donde se han concedido numerosos permisos de investigación. Una cuarta parte de la población se abastece de esos acuíferos, ahora amenazados por la fractura hidráulica, con el consiguiente riesgo para la salud de sus habitantes.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en su calidad de máximo responsable en materia de agua, que solicite la suspensión de todos los permisos de investigación concedidos en áreas donde se conozca la existencia de acuíferos. Asimismo la organización reclama que no se conceda ningún nuevo permiso en zonas de estas características.