LA UNIÓ de Llauradors considera que las últimas actuaciones conocidas, tanto por la Generalitat como por el Gobierno central, en referencia a los montes de titularidad pública pueden provocar intentos de especulación con los mismos y graves consecuencias económicas, sociales y medioambientales en la Comunitat Valenciana.

La Generalitat sigue con su práctica de alquilar por un periodo de 20 años una parte de sus montes públicos mediante subasta y todo indica que se adjudicarán en breve los aprovechamientos de cinco fincas en los municipios de Requena, Ayora y Jarafuel (interior de la provincia de Valencia) con más de 11.000 hectáreas a un precio de salida de 23.500 euros más IVA, para aprovechamiento privado de madera, biomasa, caza y pastos, entre otros usos,. Con anterioridad se habían subastado ya más de 18.000 has en esa misma zona. Tras un primer aplazamiento por problemas técnicos, parece que la subasta se celebrará pronto. En una subasta de madera y biomasa celebrada ya en 2012 un total de 13 montes públicos con 26.000 hectáreas fueron adjudicados por 20 años y un canon de 82.860 euros.

El aumento de las enajenaciones de montes públicos preocupa a los ganaderos de la Comunitat Valenciana porque si comienzan a proliferar cada vez habrá más dificultades para efectuar aprovechamientos apícolas en montañas de utilidad pública o para pasturar el ganado extensivo. LA UNIÓ denuncia en este sentido el descenso en la relación de montes susceptibles de aprovechamientos apícolas pues mientras que el año pasado se adjudicaron un total de 81 para tres años (44 en provincia de Valencia, 22 en la de Castellón y 15 en la de Alicante), para este año sólo se han concedido 20 para otros tres años (12 en Valencia, 5 en Castellón y 3 en Alicante). Tras la queja de LA UNIÓ la Dirección General de Medio Natural de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha indicado que “el descenso viene motivado por la falta de montes, propiedad de la Generalitat, disponibles y susceptibles de aprovechamientos apícolas en la Comunitat Valenciana”. Contestación que se contradice con su idea de seguir alquilando los montes públicos valencianos al mejor postor.

En Castilla la Mancha el Gobierno regional parece ir más allá y ha pedido a sus ingenieros de montes informes sobre unos 50 terrenos de utilidad pública que sería interesante privatizar para lograr recursos económicos. En el borrador de la nueva Ley estatal de Montes se mantiene de momento la imposibilidad de vender montes públicos, aunque ya veremos como queda finalmente y si se producen presiones desde algunas comunidades autónomas para cambiar la misma, nada descabellado a tenor de estas dos actuaciones.

Lo que sí parece contemplar el borrador de la Ley de Montes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es la recalificación de bosques quemados. En el artículo 50 que trata del mantenimiento y restauración del carácter forestal de los terrenos incendiados ha aparecido respecto al último borrador el texto siguiente: “Con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar cambio de uso forestal cuando concurra un interés general prevalente”. Y prosigue que “ese interés general deberá ser apreciado mediante ley siempre que se trate de terrenos de titularidad pública y que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada”. El texto actual, el de la Ley 43/2003, indica que tras un incendio queda prohibido “el cambio de uso forestal al menos durante 30 años y toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica”. En España sólo el 7% del territorio forestal está bajo la tutela del Estado, el resto es privado.