Un total de diez comunidades autónomas han firmado acuerdos de integración de sus oficinas de comercio autonómicas en el exterior en la red del Estado, en un proceso que puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Comercio el año pasado, con el fin de mejorar la coordinación de los trabajos relacionados con la internacionalización de las empresas, evitar duplicidades y ahorrar costes, según informa la Secretaría de Estado de Comercio.

Hasta ahora, el Ministerio de Economía ha firmado acuerdos de integración con diez Comunidades Autónomas: Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Cantabria, Canarias, Andalucía y Madrid, con una red de 82 oficinas en el exterior de las aproximadamente 130 que dependen de las autonomías.
Catorce de estas oficinas están ya físicamente integradas en las dependencias del Estado: Valencia ha integrado sus oficinas en Londres, Casablanca, Dusseldorf, Moscú, Nueva Deli y Sao Paulo; Galicia ha integrado Shanghái y Berlín; Canarias y Castilla y León han integrado sus respectivas oficinas en Washington DC; Cantabria ha integrado México DF; y Andalucía sus emplazamientos en México DF, Tokio y Londres.

En el mismo sentido, el Instituto de Comercio Exterior, ICEX, está consensuando con las comunidades autónomas el programa anual de actividades para que éstas participen en las iniciativas de promoción exterior con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad.

El Plan de Actividades 2013 , remitido a las comunidades autónomas, incluye el calendario de acciones de promoción comercial, formación e iniciación en internacionalización, inversión, cooperación empresarial y atracción de inversiones extranjeras de todo el año.

Además, las propias Comunidades Autónomas trabajan con la Secretaría de Estado de Comercio, a través del ICEX, para incorporar información detallada sobre sus planes y organismos dedicados al sector exterior en la Guía de Servicios para la Internacionalización.

FEPEX ha reiterado la necesidad de reforzar la coordinación y asignación de recursos entre las administraciones implicadas en el acceso a los mercados exteriores y en la internacionalización, con el fin de potenciar la fortaleza del sector hortofrutícola.