La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) trasladó ayer al Ministerio del Interior la alarma social generada en el campo ante el incremento del 14% de los robos en las explotaciones agrarias en el último año. Según datos oficiales, en 2012 se superaron los 23.000 casos denunciados.
Durante el encuentro mantenido con el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Jaime Haddad, el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, ha alertado del incremento de bandas organizadas, fundamentalmente de españoles y rumanos, y el aumento de los robos con violencia. “Ahora no sólo hablamos de las cuantiosas pérdidas por el robo de maquinaria, aperos, sistemas de riego, cobre, cosechas o cabezas de ganado, etc… sino de la integridad física de los agricultores. Es un problema de seguridad ciudadana que requiere seguridad pública y no privada”, ha subrayado Blanco, a lo que ha añadido que “la sensación de impunidad crea un clima de desconfianza en el sector y en muchos casos los afectados descartan poner una denuncia porque la experiencia les dice que no servirá para nada, de ahí que los casos registrados no constaten la gravedad real”.
Para atajar este serio problema, COAG ha pedido al Gobierno que se pongan en marcha las siguientes medidas:
– Prevención y control, con mayor dotación y presencia de patrullas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las áreas rurales.
– Modificación del Código Penal, sustituyendo el valor de lo sustraído por el valor del daño y por el valor añadido. Además, sería necesario una endurecimiento de la penas por robos en el campo, considerando agravante la pertenencia a delincuencia organizada, la nocturnidad y el despoblamiento.
– Aumento del control de los mercadillos, chatarrerías, desguaces, puertos y puesto de venta de material de segunda mano.
– Elaboración de mapas de cultivos y cosechas susceptibles de robos, para optimizar la presencia de efectivos policiales en tiempo y forma. Asimismo, deberían identificarse los puntos de mayor incidencia para concentrar esfuerzos.
– Elaboración de un sistema electrónico de registro de robos a nivel nacional, en colaboración con las CC.AA, para cruzar datos y detectar de forma rápida y eficaz los casos de reincidentes.
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