Esta Organización, considera imprescindible que las distintas Administraciones adopten las medidas necesarias, al objeto de evitar que el coste energético haga insostenible la continuidad del cultivo agrícola en regadío, así como que muchas de las instalaciones realizadas pasen a ser infrautilizadas, sin tener en cuenta el esfuerzo inversor hecho tanto por el sector productor como por las Administraciones.
Desde la supresión de las tarifas específicas para el riego agrícola (año 2008), el malestar entre los afectados, con el paso del tiempo, va en aumento, al comprobar que el coste energético viene siendo una parte, cada vez más importante, en el conjunto de los factores de producción.
Tomando como referencia determinados cálculos publicados, se constata que el incremento de la factura de la luz en los últimos años, según consumo, puede superar el 70%, asimismo que el aumento del término de potencia (parte fija, exista o no consumo) puede estar en torno al 500%. En sintonía con lo anterior, cabe recordar que la última subida, agosto de 2013, supuso un encarecimiento medio de la factura, según consumo, del 15% y del 125% en concepto de término fijo o de potencia. A tales incrementos, habrá que sumar, la muy probable modificación de las tarifas que entrarán en vigor a partir del primer día de 2014.
Ante tan desproporcionado incremento del coste de la energía eléctrica, cada vez son más los agricultores de Castilla y León los que se están planteando no seguir cultivando en regadío, debido a que el excesivo encarecimiento de la energía, están dificultando alcanzar la rentabilidad de las explotaciones.
Teniendo en cuenta la situación expuesta, nuestra Organización, considera imprescindible que las distintas Administraciones adopten las medidas necesarias, al objeto de evitar que el coste energético haga insostenible la continuidad del cultivo agrícola en regadío, así como que muchas de las instalaciones realizadas pasen a ser infrautilizadas, a pesar del esfuerzo inversor hecho tanto por el sector productor como por las Administraciones. Para la UCCL, una de las medidas que resulta urgente su adopción, se corresponde con reducir sustancialmente la cantidad que se abona en concepto de término de potencia (fijo o mínimo), en los meses fuera de temporada de riego.
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