En relación al Anteproyecto de Ley por el que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, la ALIANZA UPA-COAG manifiesta que afrontará cualquier proceso electoral sin ningún miedo, pues siempre ha apostado abiertamente por la representatividad a través de unas elecciones democráticas, limpias y transparentes, en las que puedan participar todos los agricultores y ganaderos profesionales en igualdad de condiciones.
Sin embargo, del contenido del Anteproyecto de Ley se deducen enormes carencias en cuanto a garantías democráticas, ya que el procedimiento que se fija para determinar la representatividad no se basa en un proceso electoral conforme a la Ley Electoral General –como es el que se desarrolla en Castilla y León-, sino en una consulta popular, que deja enormes lagunas en cuestiones esenciales como el censo o la ubicación de las mesas electorales, o la insuficiente regulación del voto por correo.
Por otra parte, no es de recibo que el Gobierno justifique esta propuesta legislativa en la necesidad de “legitimar” la representantividad actual de las organizaciones, cuando la misma está sustentada en la Ley 10/2009, de 20 de octubre, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos de las Cortes Españolas hace cuatro años.
La ALIANZA UPA-COAG considera lamentable que el ministro plantee una simple consulta popular pero con consecuencias propias de un proceso electoral, en materia de representatividad ante los organismos públicos o de gestión del patrimonio sindical agrario. En este sentido, resulta llamativo que la propuesta legislativa del ministro no haya sido previamente consultada con las comunidades autónomas, ni siquiera las de su propio partido. Con ello no hace sino acrecentar la sensación de que lo que realmente busca es enredar y tratar de obtener una “representatividad” más acorde a sus propias preferencias, de tipo personal o político, independientemente de la implantación real de las organizaciones entre los profesionales.
En una hipotética consulta tal cual está planteada en el Anteproyecto de Ley no tendrán los mismos derechos todos los agricultores y ganaderos, ya que no habrá mesas electorales en todos los pueblos. Al poner mesas sólo en determinados lugares, será más fácil acudir a votar a la mesa que se situaría cerca del Paseo de la Castellana que a los ganaderos que tienen su explotación en la sierra, por ejemplo, y que tendrán que recorrer en algunos casos más 200 kilómetros para votar. Además, no se regula convenientemente el voto por correo, cuestión especialmente llamativa por el evidente riesgo de que se cometa un fraude electoral, como ya ocurrió en las últimas elecciones a cámaras agrarias en Castilla y León.
Por otra parte, se abre la posibilidad a participar a cualquier persona que tenga un determinado nivel de ingresos agrarios, como rentas o subvenciones, aunque no sea profesional. Esto muestra a las claras la falta de apuesta por un modelo social agrario para nuestro país que se fundamente en el empleo y la actividad real de las explotaciones.
En definitiva, LA ALIANZA UPA-COAG apuesta por un sistema auténticamente democrático de representación que recoja la voluntad libre de todos los profesionales del sector.
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