El nuevo incremento de la tarifa eléctrica decretado por el Gobierno el pasado 31 de enero supone un nuevo mazazo para la estabilidad económica de cientos de pozos de riego en la Comunitat Valenciana, hasta el punto de situar a muchos de ellos en una situación límite que compromete seriamente su futuro, de acuerdo con el análisis efectuado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA). En este sentido, hay que tener en cuenta que esta nueva subida, que oscila entre un 2,6% y un 2,7%, se suma al desmesurado incremento del término de potencia para entidades de riego –nada menos que de un 125%– impuesto por el Ejecutivo central el pasado 1 de agosto.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, califica esta medida de “disparatada” y agrega que “a partir de ahora los agricultores soportamos el precio de la energía eléctrica más caro de toda Europa y eso es una barbaridad que carece de toda lógica”. El máximo responsable de esta organización agraria advierte, además, de las graves consecuencias que la decisión del Gobierno en esta materia va a tener sobre la competitividad de la agricultura valenciana: “muchas entidades de riego, que son uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el tejido agrario valenciano, -agrega- no van a poder soportar ese sobrecoste y van a terminar cerrando. Todo ello, va a traducirse a su vez en un aumento de la destrucción de empleo en el sector y en un mayor abandono de tierras de cultivo”. Sólo el gasto directo en electricidad, sin tener en cuenta el resto de los desembolsos económicos que lleva aparejada la actividad de riego, supone más del 12% del total del coste de producción en la citricultura.

Ante esta nueva subida de las tarifas eléctricas, AVA-ASAJA y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) participarán el próximo día 26 de febrero en una concentración de protesta que se celebrará frente a la subdelegación del Gobierno en Valencia.