Las organizaciones agrarias COAG y UPA han manifestado su incertidumbre ante la aplicación en España de la nueva Política Agraria Común. El sector sospecha de que el diseño del proceso pueda estar beneficiando a determinados propietarios de tierras que podrían llevar meses contando con información privilegiada y realizando movimientos para resultar beneficiados.
UPA y COAG creen que, como mínimo, todos los agricultores perderán un 13% de las ayudas del pago básico más el pago greening, en comparación con el pago único del sistema anterior.
Para ambas organizaciones, la decisión de basar la decisión de la reforma de la PAC en el mantenimiento de las ayudas actuales tiene como consecuencia que salgan perjudicados los profesionales de la agricultura en general, “así como los agricultores jóvenes y determinados sectores productivos muy dinámicos en nuestro modelo de agricultura”. En concreto, COAG y UPA se han pronunciado radicalmente en contra de la decisión de excluir a los sectores de frutas y hortalizas y viñedo, “señas de identidad de nuestra agricultura”.
Asimismo, UPA y COAG consideran que en la elección de los años de referencia se ha dado oportunidad a la especulación, pudiendo beneficiarse determinados perceptores de ayudas. “Todo ello debería haberse aclarado en el momento oportuno” afirman.
Los cálculos hablan de que 70.000 perceptores de ayudas saldrían del sistema por la aplicación de la definición del “agricultor en activo”, sin embargo, UPA y COAG consideran que la definición es “tan laxa” que está permitiendo que aquellos productores que pudieran verse afectados por la medida “tomen decisiones para que eso no ocurra”. “Lo único que tienen que hacer es incrementar los ingresos por venta de productos necesarios para cumplir con el 20% del total de ingresos agrarios. Además, tienen 2 años para conseguirlo, hasta 2015”, concluyen.
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