El director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Burgaz, ha destacado “los avances que para la eficacia y competitividad de los operadores, se derivarán de la aplicación de la Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria”. En esta línea ha apuntado las ventajas que ofrece, al poner a disposición de estos operadores los instrumentos necesarios “para facilitar las relaciones comerciales en un marco de equidad”.

Así lo ha afirmado en su intervención en la Jornada “Las relaciones en la cadena agroalimentaria: Modelos y tendencias”, que se ha celebrado ayer en la Universidad de Lleida.

Burgaz ha detallado algunos de los aspectos innovadores en cuanto a la regulación de las relaciones entre los diferentes operadores, y “la protección que supone en cuanto a la defensa de los derechos de las partes”, en especial de aquellos operadores que se encuentran en una posición de mayor debilidad.

El director general ha recordado que la Ley se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena, desde la producción hasta la distribución de alimentos o productos alimenticios, regulando los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas.

En cuanto a la regulación, Burgaz ha destacado algunos aspectos como la obligación de formalizar los contratos por escrito entre los operadores de la cadena, “que conllevará la inclusión de elementos esenciales, como la identificación de las partes, el objeto, precio, condiciones del pago, entrega de productos, derechos, obligaciones y duración, pactados libremente por las partes”.

En cuanto a al autorregulación, Burgaz ha incidido en uno de los aspectos principales como es la creación de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles, cuya adhesión será voluntaria por los operadores de la cadena, que tendrán la obligación de someter la resolución de sus conflictos al sistema designado en el mismo.

En este ámbito ha destacado la creación del Observatorio de la Cadena Alimentaria para el seguimiento, asesoramiento y el estudio del funcionamiento de la cadena alimentaria y de los precios de los alimentos. También ha resaltado la puesta en marcha de la Agencia de Información y Control Alimentario, encargada del control del cumplimiento de la Ley y de los sistemas de información, seguimiento y análisis de los mercados oleícolas (aceite de oliva y aceituna de mesa) y lácteos, así como el análisis y difusión de sus resultados.

UNA LEY YA OPERATIVA

Burgaz ha afirmado que tras la entrada en vigor de la Ley, el pasado 3 de enero, “ya está empezando a ser operativa”, ya que hasta el momento se han recibido tres denuncias en la Agencia de Información y Control Alimentario, que están siendo investigadas.

También ha anunciado que, en desarrollo de la Ley, se remitirá próximamente a Consejo de Ministros el Estatuto de la Agencia par su aprobación.

En cuanto al desarrollo reglamentario de otros aspectos, ha indicado que se está trabajando con los principales operadores de la cadena, para completar su elaboración y proceder a su rápida tramitación.