La ALIANZA UPA-COAG valora muy positivamente el recurso que presentará la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Supremo, a instancias de la Mesa del Ibérico, contra la nueva norma del Gobierno central que regula el sector del porcino ibérico.
Nuestra organización considera crucial que el Ejecutivo autonómico, con el presidente Juan Vicente Herrera al frente, actúe de esta forma, puesto que la decisión del Ministerio de Agricultura al sacar esa norma consideramos que es contraria al derecho nacional y europeo en materia de etiquetado e información al consumidor.
Calificamos como muy importante el paso dado por el Gobierno regional puesto que tras no haberse escuchado los argumentos de nuestra región, consideramos que es el momento desde el punto de vista legal para continuar con la defensa de los intereses de los ganaderos e industria de Castilla y León.
En este sentido, el frente común de la Mesa del Ibérico de Castilla y León en la que todas las partes hemos trabajado desde hace meses, con el único fin de defender un sector importantísimo en nuestra comunidad autónoma, ha servido para poner en marcha todos los medios legales con el objetivo de paralizar una norma absolutamente injusta por parte del Gobierno central.
Al respecto, LA ALIANZA UPA-COAG anuncia que por nuestra parte también presentaremos otro recurso, que se sumará al del Gobierno regional, y que incidirá en los intereses del sector productor, puesto que en la norma del Ministerio aparecen limitaciones que resultan injustificadas y que dañan muy seriamente a los ganaderos de Castilla y León.
Conviene recordar que la norma del Gobierno central favorece tan solo al 5 % de los productores españoles, frente al 95 % restante, en el que se encuentra la práctica totalidad de la línea de producción de Castilla y León. En nuestra comunidad autónoma la actividad del porcino ibérico genera al año 600 millones de euros.
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