Los máximos responsables de las organizaciones agrarias COAG y UPA, Miguel Blanco y Lorenzo Ramos, comparecieron ayer en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados. Ramos y Blanco exigieron que el proyecto de Ley que está siendo debatido en la Cámara Baja sea llevado al Pleno. Opinan que el debate en pleno proporcionará más transparencia al trámite parlamentario.

“Hablamos de unas elecciones para medir la representatividad agraria, en las que deben votar los auténticos profesionales del sector. Creemos que es un tema que debe ser tratado en el Pleno”, señalan desde UPA y COAG. Afirman que “sólo un verdadero proceso electoral” tendrá legitimidad para fijar la representatividad de las organizaciones agrarias “y lo que propone Cañete se parece más a una encuesta que a unas verdaderas elecciones”.

El Ministerio de Agricultura plantea el proceso como una «mera consulta» -no como «elecciones»- para sortear la ley general electoral y las garantías que ésta ofrece, a pesar de que el proceso servirá para medir la representatividad de las organizaciones profesionales, conformar órganos de interlocución como el Consejo Agrario y repartir recursos públicos y el patrimonio de las OPAs. En este sentido, COAG y UPA subrayan que al considerarse una «consulta» no se seguirá la ley general electoral, por lo que no regula ni la campaña ni los gastos electorales, ni controla adecuadamente el voto por correo.

UPA y COAG remarcan que, según recoge el proyecto, sólo habrá una mesa electoral por provincia y alguna otra con el límite de 1.400 votantes por mesa, lo que dificultará la participación de los agricultores dispersos y podría «duplicarse de manera arbitraria» el número de los activos con derecho a voto. De unos 320.000 «profesionales» agrarios reales (personas físicas o jurídicas que cotizan a Seguridad Social agraria), el proyecto de ley podría ampliar el censo hasta 500.000-600.000 votantes, ya que el Ministerio pretende incluir a todos los que cobren más de 3.000 euros de la Política Agraria Común (PAC). Por tanto, podrían votar personas que no son agricultores realmente, incluso jubilados no activos, dueños de inmobiliarias, notarios, profesionales liberales y empresarios de otros sectores que reciban esas ayudas, aunque ya no produzcan.

COAG y UPA reclaman un proceso electoral “con todas las de la ley”, con una mesa de votación en cada pueblo, juntas electorales y “todas las garantías para el voto físico y por correo”. Asimismo, reclaman que el nuevo proyecto de ley cuente con el consenso con las organizaciones agrarias y recoja un apoyo parlamentario al menos del nivel de la Ley vigente hoy en día, aprobada en 2009 con el apoyo de los principales grupos parlamentarios.