El Departamento de Agricultura de Cataluña (DAAM) valora positivamente el acuerdo alcanzado por trilogía (Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo de Europa) sobre la propuesta del Reglamento de medidas de información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y exterior. La rapidez con la que se ha llegado al acuerdo entre las instituciones europeas, de tan sólo cinco meses desde la presentación de la propuesta por parte de la Comisión, evidencia la importancia otorgada a esta política, para aumentar y mejorar la competitividad de la agricultura europea.
El nuevo reglamento prevé un aumento progresivo de los recursos disponibles, desde 61 millones previstos para el año 2014 a 200 millones para 2020. En la discusión de esta propuesta ha participado muy activamente la Asociación de Regiones de las Europeas de Denominaciones de Origen (AREPO), de la que es socia Cataluña desde su creación en 2005, a través del Comité de Regiones.
En esta propuesta se hace evidente la importancia de las indicaciones geográficas dando prioridad a la promoción de sistemas de calidad con el fin de mejorar el conocimiento de los consumidores sobre las características de estos productos. En este sentido, se introduce por primera vez la posibilidad de mencionar el origen de los productos en las campañas de promoción. Además, otro elemento muy importante, por el sector de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, es la inclusión de las organizaciones de productores, Consejos Reguladores, como beneficiarios de la política de promoción. También se ha conseguido la posibilidad de que el vino pueda acceder de forma independiente a la financiación de programas de promoción.
Uno de los puntos esenciales de la negociación ha sido la contribución financiera que, si bien no se da la posibilidad de cofinanciación por parte de los Estados miembros y / o regiones, esta carencia ha sido compensada, en parte, por el aumento del afianzamiento comunitario, hasta un 70% para los programas simples en el mercado interior, hasta un 80% para los programas múltiples en el mercado interior y también un 80% para ls programas en terceros países. La reducción de la carga financiera para los beneficiarios es un elemento clave para garantizar un trato justo a las pequeñas y medianas empresas.
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