Un informe publicado ayer por el Tribunal de Cuentas Europeo revela que la UE solo ha conseguido parcialmente integrar los objetivos de la política del agua en la política agrícola común (PAC). Los auditores pusieron de relieve insuficiencias en los dos instrumentos utilizados actualmente para integrar las preocupaciones sobre el agua en la PAC (concretamente, la condicionalidad y el desarrollo rural) y señalaron retrasos y deficiencias en la aplicación de la Directiva marco del agua.
La PAC representa algo menos del 40 % del presupuesto de la UE (más de 50 000 millones de euros para 2014) y a través de esta política la UE intenta influir en las prácticas agrícolas que afectan al agua.
Los auditores de la UE examinaron si los objetivos de la política del agua de la UE quedan reflejados en la PAC de forma adecuada y eficaz, tanto por lo que se refiere a la estrategia como a la ejecución. Los auditores de la UE constataron que la condicionalidad y la financiación del desarrollo rural han tenido hasta la fecha un impacto positivo en favor de los objetivos políticos de mejorar la cantidad y calidad del agua, pero se trata de instrumentos limitados con respecto a las ambiciones políticas de la PAC y a las metas todavía más ambiciosas perseguidas por los correspondientes reglamentos para el período 2014-2020.
Los auditores también concluyeron que no existen conocimientos suficientes, a escala de las instituciones de la UE y de los Estados miembros, de las presiones a las que se ve sometida el agua por las actividades agrícolas, ni de la forma en que evolucionan dichas presiones.
Basándose en sus constataciones, el TCE recomienda que:
– la Comisión Europea proponga las modificaciones necesarias de los instrumentos actuales (condicionalidad y desarrollo rural) o, en su caso, nuevos instrumentos que permitan alcanzar las metas más ambiciosas de la integración de los objetivos de la política del agua en la PAC.
– los Estados miembros subsanen las insuficiencias señaladas por lo que respecta a la condicionalidad y utilizar mejor la financiación destinada al desarrollo rural a fin de cumplir satisfactoriamente los objetivos de la política del agua;
– la Comisión y los Estados miembros subsanen los retrasos en la aplicación de la Directiva marco del agua y mejoren la calidad de sus planes hidrográficos de cuenca mediante la definición de medidas específicas suficientemente claras y concretas en el plano operativo;
– la Comisión debería asegurarse de que cuenta con información que, como mínimo, permita medir la evolución de las presiones a las que se ve sometida el agua por las prácticas agrícolas y los propios Estados miembros deberían proporcionar datos sobre el agua con mayor prontitud, fiabilidad y coherencia.
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