La organización agraria ASAJA de Castilla y León lamenta que la actitud rencorosa, prepotente y vengativa del director general de la Federación de Industrias Lácteas (FENIL), Luis Calabozo, presentando una querella, haya llevado a fijar juicio oral por la vía penal para los días 27 y 29 de abril, sentando en el banquillo a varios dirigentes agrarios y de cooperativas, entre ellos al secretario general de ASAJA de Castilla y León, José Antonio Turrado. Los hechos se remontan al 3 de septiembre de 2008, cuando los representantes de los ganaderos se encerraron en señal de protesta, por los bajos precios de la leche y la falta de un acuerdo negociado, en la sede de la patronal de los empresarios lácteos en la calle Ayala de Madrid, encierro que duró veinticuatro horas y que se abandonó de forma pacífica tras una orden judicial. Los empresarios lácteos han utilizado todos los resortes legales para reabrir el caso, queriendo hacer de esto un escarmiento para amilanar a los representantes ganaderos de cara al futuro. En la denuncia de FENIL, se acusa a los ganaderos y representantes sindicales de un delito de allanamiento de morada, de coacciones, de injurias y amenazas, y de una falta de daños, extremos todos estos que niegan los acusados, como tratarán de demostrar en el Juicio.

ASAJA de Castilla y León considera que los directivos de FENIL no tienen amplitud de miras, que no trabajan por el bien común del sector lácteo español, que desean el enfrentamiento permanente con el sector productor en vez de los acuerdos, y que actitudes como esta explican el fracaso de todas las políticas puestas en marcha en el sector lácteo, como el llamado “paquete lácteo”, donde se incluye el contrato a medio plazo entre ganaderos e industrias. La llegada de Luis Calabozo a la FENIL, apoyado como directivo por los presidentes de las principales empresas lecheras del país, ha supuesto una etapa de gestión oscura, con la única estrategia de asegurarse a corto plazo la compra de leche barata, y obstaculizando las políticas que pone en marcha el ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas.

Las organizaciones agrarias y cooperativas de Castilla y León ya emitieron un comunicado el 15 de abril de 2013 pidiendo la retirada de la denuncia, pues consideraban que “Luis Calabozo había hecho de esto una cuestión personal que perjudica a la institución que representa, a las relaciones interprofesionales, y por extensión al necesario entendimiento que debe de reinar entre el sector productor y el industrial o transformador”.