LA AlianzaUPA-COAG pide a la Junta de Castilla y León que desarrolle normativamente y con carácter de urgencia la Ley Agraria para conocer cuanto antes las funciones que tendrá el mediador de la cadena agroalimentaria.

Ante el incremento de conflictividad que se avecina en el sector lácteo dada la gravedad de la situación que viven las explotaciones de vacuno de leche de nuestra comunidad autónoma, debido al anuncio de bajadas de precios de la leche que se pagará a los productores, del fin de las cuotas lácteas a partir del 1 de abril, y del riesgo de que haya que pagar supertasa por sobreproducción, nuestra organización considera clave desarrollar cuanto antes esta normativa.

LA ALIANZA UPA-COAG pide al Gobierno regional un control exhaustivo de la situación en el sector lácteo ante lo que puede ocurrir a partir de unos días en el momento en que desaparezcan las cuotas lácteas, puesto que existe un peligro real de que la obligatoriedad de los contratos sirva a las industrias para hacer más caja a costa de la ruina de los ganaderos.

En este sentido hay empresas que ya han anunciado una bajada de precios e incluso dejar de recoger a determinados ganaderos la leche, lo que va a provocar serios conflictos en el sector, en un contexto además en el que se quiere imponer la multa láctea y en el que la única solución que se aporta desde el Ministerio de Agricultura es la moratoria de tres años de la misma.

Al respecto, la ALIANZA UPA-COAG apunta que ésta no es solución y que en ningún caso la moratoria anunciada por el Gobierno central es un aterrizaje suave, tal y como prometió el Ejecutivo, sino la asunción de un castigo directo a los bolsillos de los ganaderos.

Nuestra organización muestra su temor ante la situación de confusión y de incertidumbre que se avecina para los ganaderos a partir del 1 de abril, dado el contexto de apaños y `malas artes´ de las industrias lácteas para enriquecerse a costa del productor. Así se ha demostrado recientemente por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), tras la denuncia de LA ALIANZA UPA-COAG, imponiendo multas por un importe total de 88,2 millones de euros a nueve empresas y dos asociaciones que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca en España por pactar precios, tras conseguir más de 840 millones de euros de beneficios por este motivo.