El Gobierno de Cataluña ha aprobado el Proyecto de Ley del suelo de uso agrario, que tiene como objetivo prioritario proteger los usos agrarios del suelo y favorecer la producción agraria en Cataluña como elemento clave para garantizar un servicio esencial como es la alimentación. La norma también pretende potenciar la fijación de la población en el territorio y prevenir la embosquinament y el riesgo de incendios. La iniciativa se inscribe en las políticas que impulsa el Gobierno para potenciar, por un lado, la actividad agraria y el desarrollo rural y, por otro, la recuperación de tierras de cultivo para favorecer la creación del mosaico agroforestal que contribuya a reducir el riesgo de incendios.

La ley tiene como finalidad establecer la preservación, ordenación y gestión del suelo de uso agrario de Cataluña, y determinar el régimen jurídico y la regulación de los supuestos y de las modalidades de intervención pública para asegurar que se pueda utilizar de la manera más beneficiosa posible por parte de la sociedad y la agricultura. Prevé 4 grandes ejes de actuación:

Catalogar los espacios agrarios en función de la calidad de sus suelos.

Prevenir la afectación de otras actividades sobre el suelo agrario. Cualquier actuación en estos espacios se deberá acompañar de un análisis de afectaciones directas e indirectas a los suelos y de un estudio de alternativas.

Recuperar tierras de cultivo. Se crea un instrumento que regula y da cobertura legal a la protección del suelo agrario y que permitirá que un profesional, a través del arrendamiento forzoso, ponga en producción tierras de cultivo abandonadas.

Prevención de incendios. Da facilidades para recuperar suelos agrarios embosquinats. Mejora así el paisaje agrario y la biodiversidad y contribuye a la prevención de incendios, ya que fomenta la discontinuidad de la masa forestal con la creación de un mosaico agroforestal que debe ayudar a reducir la propagación de fuegos.

La superficie agraria en Cataluña ha disminuido más de 134.000 ha desde los años 80
En la Conferencia del Milenio celebrada en 2002 en Johannesburgo, la comunidad internacional se marcó como meta reducir significativamente el hambre en el mundo y, en este sentido, consideró imprescindible incrementar la producción y la productividad agraria a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) prevé que la población mundial llegará a los 9.100 millones de personas en 2050 y que habrá que incrementar un 70% la producción de alimentos para asegurar la alimentación. Cataluña, con su vocación de país abierto al mundo, no puede ser insensible a estas preocupaciones y, en la medida de sus posibilidades, también debe contribuir a esta tarea solidaria de producción de alimentos suficientes a escala global. Además, se ha constatado una fuerte correlación entre actividad agraria y fijación de población en el territorio y, por tanto, mantener y potenciar esta actividad se ha convertido en una necesidad para alcanzar un país demográficamente equilibrado.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) recuerda la fragilidad en que se encuentran los espacios agrarios periurbanos y la propia agricultura periurbana europea y propone dar estabilidad al suelo agrario periurbano con instrumentos y mecanismos que garanticen esta estabilidad, reduzcan al máximo la presión urbanística y los usos ajenos a la actividad agraria y faciliten el acceso al uso agrario de la tierra. En esta línea, la Carta de la Agricultura Periurbana constata que los ámbitos periurbanos son una realidad en aumento en muchos municipios de España, de la Unión Europea y del mundo, como consecuencia del modelo metropolitano contemporáneo y de la consiguiente generación de espacios a medio camino entre los centros de las ciudades y los entornos rurales más alejados.

Se da, además, la circunstancia de que Cataluña es uno de los primeros clusters agroalimentarios de Europa, en gran parte debido a que la industria alimentaria dispone de unos inputs de gran calidad producidos en Cataluña y uno de los sectores económicos que han demostrado ser más resistentes a la coyuntura económica actual. Y hay que disponer de tierras suficientes para poder desarrollar esta actividad.

Otro momento de la rueda de prensa de Gobierno con los consejeros Homs y Peregrino
La pérdida de suelo agrario en Cataluña

Alrededor de 1 de los 3,2 millones de hectáreas que constituyen la superficie de Cataluña se pueden considerar tierras de cultivo. Así, teniendo en cuenta el peso que supone desde el punto de vista territorial, es necesaria una regulación sustantiva, porque los suelos de uso agrario tengan el reconocimiento de sus valores y estén dotados de la regulación que les corresponde. La pérdida de suelo productivo, además de la repercusión en la producción de alimentos y materias primas, supone la destrucción de un bien limitado y escaso. Un recurso no renovable, teniendo en cuenta que el proceso de formación es extremadamente lento. Es en este sentido que el CESE, en su dictamen sobre agricultura periurbana, recuerda que, junto con la cultura del agua, es necesario introducir en la sociedad la cultura del suelo como recurso limitado y como patrimonio común de difícil recuperación una vez destruido. No es extraño, pues, que el Parlamento de Cataluña haya pronunciado repetidamente al respecto.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, en Cataluña se produce un incremento del consumo del suelo importante debido a la expansión urbanística extraordinaria. A lo largo de los años 80 y 90 se produce una ocupación continuada de suelos de uso agrario, que se justifica en buena parte por el incremento de la demanda de segundas residencias. La respuesta suele pasar por la ocupación de suelo no urbanizable, previa recalificación. En este periodo, además, también se construyen algunas infraestructuras notables (desdoblamiento del NII entre Lleida y Barcelona, Eje Transversal …) que ejercen un impacto destacado sobre el territorio. Como resultado de este boom inmobiliario, la superficie de cultivos disminuyó en más de 134.000 hectáreas, un 12,15% de la superficie que había en 1993.

Así pues, la adopción de la Ley de suelo de uso agrario es por tanto necesaria para hacer frente a las transformaciones del medio rural y del sector agrario y la creciente ocupación del suelo, que no sólo supone una intrusión en el medio, sino que también genera cuotas importantes de inseguridad jurídica y pérdida de competitividad de las explotaciones. La nueva norma pretende, por tanto, ordenar la gestión del suelo de uso agrario en Cataluña, diseñar los mecanismos necesarios para dar seguridad jurídica a los titulares de las explotaciones afectadas por fenómenos de esta naturaleza y potenciar la eventual puesta en marcha de proyectos de emprendimiento en regular mecanismos para poner en producción tierras subexplotades.

Además, el Proyecto de ley también responde a la voluntad de dar cumplimiento a las Recomendaciones de la Asamblea Plenaria de la Alianza Mundial sobre los suelos, celebrada en Roma en julio de 2014 y patrocinada por la FAO, y en la sesión de la Asamblea General de la ONU que declaró el 5 de diciembre como el Día Mundial del Suelo y en el año 2015 como el Año Internacional del suelo.