La organización agraria APAG EXTREMADURA ASAJA quiere mostrar su preocupación por el Decreto 110/2015 publicado el pasado 3 de junio sobre la regulación de la Red Natura 2000 en Extremadura, teniendo en cuenta además que se ha realizado con un gobierno en funciones.

En nuestra opinión, el documento aprobado no deja de ser una herramienta que dificulta aún más la labor de las personas del campo al frente de sus explotaciones. Así lo expresamos ya en su día, el pasado 25 de noviembre del año pasado, cuando presentamos alegaciones ante la Consejería de Agricultura para que se retirara el proyecto de Decreto, aunque se hizo oídos sordos a nuestra propuesta.

Nos dicen desde la Consejería que la Comisión Europea nos exigía la elaboración de un plan director para toda la región con el fin de que se siguieran recibiendo fondos para las zonas rurales, pero difícilmente entenderá Bruselas que con este decreto se hayan dictado normas que no facilitan la labor de esas zonas ni son compatibles con los agricultores y ganaderos que hemos mantenido el actual ecosistema que disfrutamos en las zonas rurales.

De ahí que nuestra organización exija que se reúna de inmediato el Carex (Consejo Asesor de Medio Ambiente) para analizar dicho documento y que pueda ser compatible con los usos que se desarrollan en nuestros campos.

La Red Natura 2000 afecta al 30,3% del territorio regional, en concreto a 1.264.288 hectáreas, que representan un total de 71 ZEPAS, el 26,5% del total y 89 LIC (Lugar de Importancia Comunitaria).

Estamos convencidos de que siguiendo la normativa europea necesitamos un adecuado ordenamiento jurídico de nuestras zonas rurales que ayuden a preservar los hábitats de interés y la biodiversidad, pero también que signifiquen el compromiso con el desarrollo económico y social de Extremadura, y este decreto no lo cumple.

También nos quejamos en su día de que el tiempo dado para realizar las alegaciones -un mes- fue completamente insuficiente dada la complejidad técnica de los documentos sometidos a consulta, lo que hubiera precisado de un amplio periodo de tiempo para poder estudiarlo y analizarlo con más detenimiento, sin que, además, se hubiera dado a las todas las partes interesadas la audiencia necesaria, como son las organizaciones agrarias, las asociaciones, ayuntamientos, etc., como marca la ley.

Este decreto de la Red Natura 2000 en Extremadura introduce la reducción de actividades tradicionales y naturales de las propiedades agrícolas, ganadera o forestal, impidiendo los usos a los que se venían destinando las fincas o prohibiendo actividades autorizadas previamente y reduciendo la rentabilidad de los terrenos.

Además, se ha configurado como la privación singular de la propiedad y derechos o intereses legítimos y además los perjuicios que provocan son ciertos, efectivos y actuales, que podrían dar lugar a indemnizaciones que no se contemplan.

Por último, hacemos hincapié que nuestra Constitución garantiza en su artículo 33 la propiedad de bienes y de los derechos patrimoniales salvo por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes.

En definitiva, creemos que la aprobación de este Decreto es el último despropósito de la Consejería de Agricultura en funciones hacia el campo extremeño.