El Parlamento catalán aprueba la nueva Ley de Cooperativas de Cataluña

El objetivo es dotar a las cooperativas de un régimen jurídico flexible con diferentes alternativas y útil para adaptarse a los cambios de la situación social y económica

El conjunto de federaciones y la Confederación de cooperativas apoyan la Ley

En Cataluña existen hasta este momento 4.195 que ocupan 40.823 personas.

El Parlamento ha aprobado la nueva Ley de Cooperativas de Cataluña que regula, protege y fomenta el movimiento cooperativo y es una competencia exclusiva propia de la Generalidad de Cataluña. La norma ha superado el trámite parlamentario con un 80% de apoyo de los diputados, completando un consenso amplio asegurado ya con el sector.

La nueva ley crea un marco jurídico más flexible con diferentes alternativas para que cada cooperativa, en el ejercicio de su autogestión, pueda adaptar su funcionamiento para ser más competitiva.

Asimismo, la nueva Ley busca que el sector cooperativo pueda alcanzar un mayor dimensionamiento, haciendo más atractivo este modelo de empresa tanto a los emprendedores como a los asesores en la creación de empresas, de manera que se creen más organizaciones de este tipo.

Los objetivos y las novedades de la nueva Ley se fijan principalmente en los siguientes cinco puntos:

1) Fomentar la creación de nuevas cooperativas y la consolidación de las ya existentes
En este punto, se reduce de tres a dos el número mínimo de socios para constituir una cooperativa salvo en el caso de usuarios y consumidores donde el mínimo se fija en diez. Asimismo, favorece la continuación empresarial en forma cooperativa, en tanto que permite la posibilidad de reactivación o transformación de las cooperativas disueltas y no liquidadas, y propone fomentar la continuidad de proyectos empresariales viables bajo la fórmula cooperativa en el caso de proyectos que cesen por jubilación, cese de actividad del empresario u otros motivos.

2) Simplificar y eliminar cargas
Para constituir una cooperativa se impulsa un procedimiento expreso de inscripción, más ágil y operativo. Se suprimen diferentes trámites burocráticos, como por ejemplo la obligación de elevar a escritura pública e inscribirse en el registro los convenios intercooperativos o la exigencia actual para las cooperativas de segundo grado de auditar siempre cuentas anuales. También se simplifican conceptos técnicos del mundo cooperativo para hacerlo más comprensible.

3) Reforzar las vías de financiación de las cooperativas
Para cumplir con este objetivo se incorpora la figura del socio temporal, que ayudará a ajustar las necesidades, sobre todo de empleo, de la cooperativa en el mercado. También se permitirá que haya socios colaboradores que sólo aporten capital.

4) Mejorar la gestión empresarial de las cooperativas
En este punto se rebaja la relación de actos que, por imperativo legal, tienen que ir a aprobación de la Asamblea General; se permite que se atribuyan, estatutariamente, al Consejo Rector que hasta ahora correspondían a la Asamblea General, respetando el mínimo legal; y se permite la participación de personas no socias al Consejo Rector para mejorar su profesionalidad

5) Lograr un mayor dimensionamiento del mundo cooperativo
Las cooperativas de segundo grado (fruto de una alianza entre cooperativas, con mayor o menor grado de vinculación) podrán incorporarse directamente como socios empresarios individuales.

Situación actual del cooperativismo en Cataluña

Las cooperativas representan una fórmula empresarial que ha demostrado su capacidad de resiliencia durante los años de crisis, con un mejor comportamiento en cuanto al mantenimiento del empleo y también a la estabilidad y calidad del empleo generado.

Actualmente en Cataluña hay 4.195 cooperativas con 40.823 trabajadores. El 80% de las vinculaciones laborales con cooperativas son de carácter indefinido. El empleo en las cooperativas ha crecido en los dos últimos años en un 3,7% en 2013 y el 5,5% en 2014. Hasta un 15% de la población catalana está vinculada a estas empresas: además de los trabajadores, hay ha 42.000 socios en cooperativas de servicios, 35.000 agricultores vinculados a cooperativas agrarias y alrededor de un millón de personas socias de cooperativas de consumo.

Para fomentar este modelo económico, el Gobierno ha hecho una apuesta decidida basada en dos ejes: la nueva Ley de cooperativas y el programa ARACOOP. La nueva ley pretende dar a las cooperativas del marco normativo que las cooperativas necesitan para competir en el siglo XXI.

El ARACOOP es un programa marco de colaboración público-privada impulsado por el Departamento de Empresa y Empleo, con la participación de la Confederación y las federaciones de cooperativas y la colaboración de más de 90 entidades en el conjunto del territorio con el El objetivo de renovar, fortalecer y ampliar la economía social y cooperativa. En la edición de 2014 más de 6.500 personas participaron en el programa. Actualmente se está llevando a cabo la segunda edición.