Ayer la Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina escenificó la presentación de un documento de propuestas para el sector lácteo que, en definitiva, abandona cualquier solución de la crisis de los productores en manos del voluntarismo de la industria y la gran distribución. Un voluntarismo que experiencias pasadas -bajadas simultáneas de precios, amenazas de no recogida de leche y sanciones incluidas de las autoridades de competencia- aconsejan poner muy en cuestión. Por otro lado, Unión de Uniones recuerda que un documento similar al actual, con diferencia de matices, ya se suscribió en 2009 por los mismos agentes convocados ayer a armar la propuesta ministerial, sin que haya dado resultados apreciables desde el punto de vista de la mejora de la situación de los ganaderos.

Pese al ruido mediático, la realidad es que los ganaderos, según el baremo de representatividad sostenido por el propio Ministerio, han rehusado en sus tres cuartas partes apoyar la propuesta del Ministerio, ya que sólo ha sido suscrito por la patronal ASAJA vinculada a la CEOE.

En opinión de Unión de Uniones, el documento adolece la ausencia de compromisos firmes de quien tiene mayor responsabilidad en consolidar la mejora, la estabilidad y el equilibrio de la cadena alimentaria, que es el propio Ministerio de Agricultura. La organización considera que al margen de ayudas directas coyunturales o la puesta en marcha de mecanismos PAC anticrisis, sólo se obtendrá una mejoría duradera de los precios a los productores que cubra al menos los costes de producción con una intervención decidida del Ministerio que envíe una señal clara a la industria y la distribución de que no se va a permitir el hundimiento de la ganadería de vacuno de leche en España.

Medidas adoptadas a nivel europeo, como la ampliación de la intervención para almacenar productos lácteos es irracional en mercado deficitario como el español, porque nuestro problema no es que sobre leche, sino que no la pagan al precio que deben y, además beneficiará en mayor medida a los industriales que han pagado menos a los ganaderos. Por otro lado, actuaciones de este tipo finalmente acaban pagándolas los propios agricultores y ganaderos, ya que pueden ser financiadas a través de los fondos de la Reserva de Crisis establecida en la Organización Común del Mercado, que se nutre de los descuentos que se les aplican en las ayudas PAC.

Esta organización agraria pide por lo tanto al Ministerio que no mire hacia afuera eludiendo su responsabilidad y que utilice todos los instrumentos a su alcance y se dote de los que precise, para perseguir y sancionar las prácticas abusivas y los fraudes alimentarios en la composición de los alimentos, en el transporte, en el etiquetado y en las importaciones de productos lácteos, que por cierto llegan a España con precios sospechosamente bajos en relación con los cotizados en sus países de origen. Esto es algo que ya reclamó la Unión de Uniones durante los debates de redacción de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y que vuelve ahora a incluir en sus propuestas electorales que están siendo presentadas en estos días a los diferentes partidos políticos cara a las próximas Elecciones Generales.

Por último, Unión de Uniones reclama al Ministerio de Agricultura, que en tanto en cuanto la industria no ofrezca mejores condiciones de precio al ganadero, deje en suspenso la autorización a la Interprofesional Láctea para cobrar a los ganaderos la cotización obligatoria; ya que tras venir recaudando al productor dicha cuota desde 2012/2013 con el fin de implementar un sistema de contratos eficaz o mejorar el conocimiento y la transparencia informativa del mercado se ha revelado absolutamente inútil para lograr dichos objetivos. Igualmente el Ministerio debe suspender la autorización de la nueva extensión de norma aprobada por la INLAC para las tres próximas campañas.