España es uno de los países con mayor potencial agrario de la UE y sin embargo, es de media, uno de los países más lentos de la UE para registrar un producto fitosanitario. En otros estados miembro, como Alemania se tarda unos 2 años, en Francia menos de un año y medio y en el Reino Unido unos 10 meses. El motivo es que el actual sistema español, basado en varias autoridades competentes, se caracteriza por su lentitud y aplicación de criterios dispares entre los servicios del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y el Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad. Todo ello dificulta la aplicación de criterios unificados de evaluación.
En consecuencia, existe un claro perjuicio para los agricultores españoles y su competitividad dentro de la Unión Europea y a nivel internacional. Siempre van retrasado en las últimas tecnologías para la protección de cultivos y además se ofrece un panorama que desanima/desincentiva la inversión de las empresas para traer nuevos productos a los agricultores.
Por este motivo, la industria fitosanitaria (AEPLA), organizaciones agrarias y cooperativas (ASAJA, UPA y Cooperativas Agroalimentarias), productores y exportadores (FEPEX) y bioproductores (IBMA), solicitan el establecimiento de una Autoridad Competente para fitosanitarios. Se trataría de una Agencia Única de Evaluación de Productos Fitosanitarios, que funcionaría como una verdadera ventanilla única para la evaluación y registro de productos fitosanitarios, cuyo objeto sería la coordinación de los distintos procedimientos de evaluación que puedan incidir sobre un mismo producto. Esta Agencia debería abordar las siete grandes áreas de referencia: agricultura, sanidad humana y animal, seguridad alimentaria, evaluación de riesgo, analítica y monitoreo.
Esta Agencia aportaría numerosas mejoras al sistema actual:
– Mayor garantía tanto de la protección del medio ambiente y la salud humana, como de la productividad, innovación y competitividad de los recursos agrícolas.
– Mayor eficacia y eficiencia al separar las tareas ejecutivas (Agencia) de las legislativas (Ministerios), y centralizar las primeras en una única entidad en lugar de los múltiples servicios ministeriales o institutos involucrados.
– Mayor celeridad en el actual procedimiento de registro, acortando los plazos actuales.
– Menor coste para la Administración con la posibilidad de organizar un sistema sostenible en términos financieros .
– Mayor predictibilidad asegurando unos criterios de evaluación unificados/armonizados por un mismo organismo responsable de todos los pasos de la evaluación y autorización.
– Mayor coordinación y menor carga burocrática para la administración y las compañías que registran los productos mediante el establecimiento de ventanilla única para la evaluación y registro de productos fitosanitarios.
– Mayor armonización con otros Estados Miembros de la Unión Europea, caracterizados por su celeridad y eficacia, como por ejemplo: Francia, Reino Unido o Austria.
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